La abogada argentina acusada de racismo en Brasil fue trasladada a una cárcel común
Tras el pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, Agostina Páez fue retirada de su domicilio. La Justicia brasileña alegó "riesgo de fuga" pese a que la joven contaba con tobillera electrónica
La situación procesal de Agostina Páez (29), la abogada argentina detenida en Río de Janeiro, dio un giro dramático este viernes. Tras permanecer bajo arresto domiciliario, la joven fue trasladada a un establecimiento penitenciario para cumplir con la prisión preventiva dictada por la justicia local, en el marco de una causa por "injuria racial".
El fin del arresto domiciliario
Páez se encontraba cumpliendo medidas restrictivas con el uso de una tobillera electrónica. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de Brasil solicitó el endurecimiento de las condiciones de detención, argumentando que existía un peligro real de fuga. La justicia carioca hizo lugar al pedido, ordenando su ingreso inmediato a una unidad carcelaria.
Minutos antes de ser trasladada, la propia abogada difundió un video a través de sus redes sociales manifestando su angustia: "Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada, muerta de miedo", expresó ante sus seguidores.
El descargo de la familia
Mariano Páez, padre de la joven, confirmó la noticia a los medios tras recibir un último mensaje de su hija: "Me ha mandado un mensaje diciendo que la llevan detenida". El hombre, que viajará a Brasil este sábado, calificó la situación como un "calvario" y cuestionó la severidad de la medida.
"No me imaginaba esto nunca; no tiene antecedentes penales ni problemas con nadie. No entiendo el ensañamiento con ella", declaró Páez, visiblemente afectado por el traslado de la joven profesional.
El origen de la causa
El hecho que originó la detención ocurrió el pasado 14 de enero. Según la acusación, Páez fue filmada en un bar de Río de Janeiro realizando gestos de carácter racista contra los empleados del establecimiento. Si bien la defensa de la abogada sostiene que los gestos fueron una respuesta a provocaciones previas por parte del personal del local, la legislación brasileña ha endurecido drásticamente las penas y protocolos ante delitos de odio e injuria racial en los últimos años.