La Cámara Federal declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria del gobierno de Alberto Fernández

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente entre 2021 y mediados de 2024 durante el gobierno de Alberto Fernández. Como alternativa, ordenó aplicar el mecanismo previsto en la Ley 27.426, aprobado durante la gestión de Mauricio Macri.

El fallo se dictó a partir de una demanda contra la ANSES presentada por la jubilada Carmen Galletta. La resolución lleva las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, quienes revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo.

La Cámara dispuso que el haber de la demandante sea recalculado con la fórmula anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. A partir de ese momento, deberá empalmarse con el régimen de actualización mensual por inflación establecido mediante el Decreto 274/2024.

La pérdida del poder adquisitivo

Entre los argumentos de la decisión, el juez Fantini sostuvo que la fórmula sancionada en 2020, basada en la evolución de los salarios y la recaudación tributaria, no contaba con cláusulas gatillo ni pisos de garantía para responder a una aceleración inflacionaria.

En ese sentido, el tribunal comparó la evolución de la movilidad jubilatoria y los precios entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese período, los haberes acumularon una actualización del 553,55%, frente a una suba del 1.129,07% del Índice de Precios al Consumidor.

La diferencia representó, según el cálculo de los jueces, una pérdida real del poder de compra del 46,83%.

Además, señalaron que los aumentos posteriores atados al IPC no lograron revertir el deterioro, porque se aplicaron sobre una base de haberes que ya había perdido valor.

Qué establece el recálculo

Para determinar la recomposición, la Cámara ordenó utilizar la fórmula de la Ley 27.426, que contemplaba actualizaciones trimestrales integradas por un 70% de inflación, medida por el IPC, y un 30% de variación salarial, según el RIPTE.

También dispuso descontar los importes que ya se hubieran abonado por movilidad, adelantos y bonos extraordinarios, para evitar duplicaciones.

Por otra parte, declaró inconstitucional el tope del artículo 9 de la Ley 24.463 cuando implique una quita igual o superior al 15%. Para los retroactivos se aplicará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central, aunque se admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, que limita el período por el cual pueden reclamarse diferencias.

La sentencia alcanza exclusivamente a la jubilada que inició el expediente y no representa un aumento automático para el conjunto de los beneficiarios. Sin embargo, constituye un antecedente relevante para otros litigios previsionales que se encuentran en trámite.