La oposición cerró filas contra el acuerdo con YPF: denunció que libera a la empresa del pasivo ambiental por 'migajas'
Los diputados Juan Pais, Vanesa Abril, Juan Aquino y Andrea Toro cuestionaron con dureza el convenio impulsado por el Gobierno provincial para aprobar la salida de YPF de las áreas maduras. Coincidieron en denunciar la falta de información, la liberación de responsabilidad ambiental de la petrolera y el escaso monto de la compensación acordada.
El debate por el acuerdo entre la Provincia e YPF dejó un fuerte rechazo por parte de la oposición, que concentró sus críticas en la liberación del pasivo ambiental, la falta de informes técnicos y la compensación de 25 millones de dólares que recibirá Chubut.
Uno de los discursos más destacado fue el del diputado del Bloque Arriba Chubut, Juan Pais, quien sostuvo que el proyecto "es verdaderamente un acuerdo de liberación de responsabilidad para YPF por los pasivos ambientales que deja" y afirmó que la entrega de bienes es un aspecto secundario frente al verdadero alcance del convenio.
"Hecho por YPF a su imagen y semejanza, pagando a la Provincia migajas", disparó.
Además, cuestionó que la Legislatura debatiera el proyecto sin contar con los informes de impacto ambiental que, según recordó, el Ejecutivo había prometido remitir.
"Todavía los estamos esperando. ¿Qué tienen que esconder? ¿Les da vergüenza el acuerdo?", preguntó.
Pais también denunció que varios de los inmuebles incluidos en el convenio ya habían sido cedidos a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia mediante un acuerdo firmado en 1995 y calificó como una "estafa" que YPF pretenda transferir nuevamente esos bienes.
Por su parte, el diputado de Frente de Izquierda, Juan Aquino apuntó contra la compensación económica prevista en el acuerdo.
"Con una supuesta compensación de 25 millones de dólares se pretende reducir el pasivo ambiental de 100 años de extracción petrolera en un pago por única vez", afirmó.
El legislador sostuvo que nunca se presentó una auditoría independiente que justificara ese monto y advirtió que el convenio podría transformarse en un antecedente para que otras petroleras abandonen la Cuenca del Golfo San Jorge bajo condiciones similares.
En uno de los pasajes más duros de su intervención expresó: "Si ustedes están vanagloriándose por 25 millones, por un plato de guiso, por tres empanadas, ni siquiera lo quiero discutir en términos económicos; para mí el problema es fundamentalmente socioambiental".
A su turno, la diputada Andrea Alejandro Toro del Partido Independiente del Chubut, adelantó el voto negativo de su bloque y sostuvo que el principal cuestionamiento es que el acuerdo "libera a YPF de forma total, irrevocable y para siempre de cualquier responsabilidad por los pasivos ambientales de cinco áreas petroleras".
También cuestionó que los legisladores no contaran con informes técnicos que justificaran el monto de la compensación ni con documentación que acreditara la solvencia económica de las empresas que asumirán la explotación de las áreas.
"Necesitamos documentación. No podemos entregar nuestros recursos sin garantías", afirmó al reclamar mayores precisiones al Poder Ejecutivo.
La diputada Vanesa Abril de Arriba Chubut, también rechazó el proyecto y denunció falta de transparencia durante todo el proceso.
"No es cierto que la información requerida por ley es de acceso público, o al menos no lo es fácilmente", sostuvo.
Abril aclaró que la oposición no cuestiona la llegada de nuevas empresas a las áreas maduras, sino la forma en que se negoció el acuerdo.
"Entendemos la dinámica del sector privado. No es un apego a lo que se llama YPF", señaló.
Finalmente, cuestionó que el debate no se haya dado con participación de la comunidad y cerró con una frase dirigida al oficialismo:
"No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo lo que queda. Estamos discutiendo el precio que le pusieron ustedes a la salida de YPF de nuestra Cuenca".
Los cuatro legisladores coincidieron en que el acuerdo deja sin herramientas a la Provincia y particularmente a Comodoro Rivadavia para reclamar la remediación ambiental de las áreas explotadas durante décadas por YPF y cuestionaron que la Legislatura avanzara con su aprobación sin contar, según afirmaron, con toda la información técnica necesaria para evaluar sus consecuencias.