Las prepagas le ganaron a la inflación y más de un millón de argentinos quedaron sin cobertura médica
Tras la desregulación fijada por el DNU 70/2023, las cuotas de la medicina privada escalaron un 460% frente a una inflación del 320%. La caída del empleo formal restó más de un millón de beneficiarios a las obras sociales, provocando un masivo volcado hacia la atención médica estatal.
El impacto del deterioro salarial y la desregulación de la economía ha reconfigurado el mapa de la salud en la Argentina. Desde el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas perdieron la cobertura de medicina prepaga o mutua privada, al tiempo que el sistema de obras sociales nacionales sufrió la baja de 1.028.412 beneficiarios, empujando a un sector masivo de la población a depender exclusivamente del sistema de salud público.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado sobre los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la población sin ningún tipo de cobertura privada ni social escaló del 32% al 35,6% entre el cierre de 2023 y el primer trimestre de 2026. En términos absolutos, el universo de personas que solo cuenta con la red hospitalaria pública trepó de 9,4 millones a más de 10,6 millones.
Prepagas por encima de la inflación y caída del empleo
El fenómeno responde a una suma de factores económicos. Por un lado, la flexibilización del sector introducida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 provocó un salto en las cuotas de las empresas de medicina privada, acumulando un incremento del 460% entre diciembre de 2023 y junio de 2026, marca que superó con frecuencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual avanzó un 320% en el mismo ciclo. Ante la imposibilidad de afrontar las tarifas, miles de familias debieron degradar sus planes o dar de baja el servicio.
Por otro lado, la contracción del mercado laboral formal redujo el alcance de la seguridad social. La pérdida estimada de 235.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado privó a los aportantes y a sus grupos familiares del acceso a las prestaciones sindicales. Según registros de la Superintendencia de Servicios de Salud, la destrucción de afiliados afectó con particular fuerza a los gremios de la Construcción (-25,4%), Comercio (-20,2%), Estatales (-19,1%), Trabajadores Rurales (-15,9%) y Petroleros (-5,1%).
En contraposición, la única entidad que mostró un incremento en su padrón fue la obra social orientada a los monotributistas, que experimentó un alza del 154%, reflejo del traslado de la fuerza de trabajo hacia modalidades informales o de cuentapropismo.
Fuerte impacto en la juventud y saturación del sector público
El volcado hacia los hospitales y centros de salud estatales generó un incremento sin precedentes en la demanda comunitaria, en un contexto signado por la restricción presupuestaria. El segmento joven es el que muestra la mayor vulnerabilidad frente a esta transición: durante el primer trimestre de 2026, la mitad de la población de entre 15 y 29 años pasó a depender únicamente de la salud pública.
Desde el IAG precisaron que se sumaron 438.790 jóvenes a la red de atención estatal en relación con el último trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento relativo del 15,3% para esa franja etaria. Sin margen económico para financiar prestaciones privadas y golpeados por el desempleo o la precariedad laboral, los sectores jóvenes encabezan el éxodo hacia un sistema público que hoy enfrenta el desafío de absorber a más de un millón de nuevos usuarios.