"Las quiero a todas ataditas": caen 15 penitenciarios por brutales torturas y violaciones a cuatro presas en Magdalena
La Policía Federal detuvo a quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, incluida la jefa de vigilancia, acusados de someter a vejaciones, golpizas y abusos sexuales a detenidas en la Unidad 51. La investigación compara los tormentos con prácticas de la dictadura militar.
Un operativo de la Policía Federal concretó la detención de quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), acusados de perpetrar graves delitos de apremios ilegales, torturas y abusos sexuales contra cuatro internas alojadas en la Unidad N° 51 de Magdalena. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien impulsó las órdenes de captura tras una minuciosa presentación judicial realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Una represión desmedida y el inicio del horror
De acuerdo con los detalles recabados en el expediente, los hechos aberrantes comenzaron la noche del miércoles 3 de junio de 2026, a raíz de una pelea registrada en la celda número 3 del penal. En ese momento, un grupo de efectivos irrumpió en el sector utilizando gas lacrimógeno de manera directa contra el rostro de las reclusas.
Las víctimas fueron arrastradas y sometidas a una violenta golpiza e insultos. La crudeza de los tormentos fue de tal magnitud que los investigadores no dudaron en calificar la escena como un escenario de vejaciones propias de los centros clandestinos de detención de la última dictadura militar. Como consecuencia directa de la agresión extrema, dos días más tarde, una de las detenidas intentó quitarse la vida.
El rol de la jefa de vigilancia y la cúpula implicada
Entre los arrestados figura la alcaide mayor Daiana Belén Balmaceda, jefa de vigilancia y tratamiento de la unidad carcelaria, apuntada como una de las principales responsables del operativo represivo. Según la imputación fiscal, Balmaceda está acusada de ser coautora de un abuso sexual con acceso carnal y partícipe necesaria en otro hecho similar.
Los testimonios de las sobrevivientes -calificados como verosímiles y detallados por el Ministerio de Justicia provincial- ubican a la jefa penitenciaria arengando a la tropa con frases intimidatorias: "Las quiero a todas ataditas", "Acá es Magdalena, acá no hacen lo que quieren. Que sepan que el penal lo manejamos nosotras", y exigiendo a una de las internas arrodilladas que le besara las botas.
La causa también salpica a otras siete mujeres del cuerpo penitenciario, entre ellas la subjefa de la cárcel, la encargada de requisa y personal de sanidad. Entre estas últimas se destaca una enfermera, formalmente acusada de falsear un acta médica para encubrir las lesiones de las víctimas. Asimismo, se detectó la participación de agentes varones que habrían actuado con el rostro cubierto.
El informe escalofriante de la CPM y las medidas oficiales
La denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, que supera las 140 páginas, expone tramos estremecedores. En uno de los pasajes se detalla cómo a una de las presas, mientras estaba arrodillada, le rompieron la ropa interior y la agredieron sexualmente, mientras un efectivo la golpeaba en la cabeza y la espalda con una escopeta profiriendo comentarios de índole sexual. Las pericias médicas realizadas por la Asesoría Pericial corroboraron lesiones corporales totalmente compatibles con los relatos de las denunciantes.
Ante la gravedad institucional del caso, el Ministerio de Justicia bonaerense -a cargo de Juan Martín Mena- dispuso la disponibilidad preventiva de todos los implicados, removió por completo a la cúpula de la Unidad 51 y abrió un sumario interno a través de Asuntos Internos para colaborar estrechamente con la Justicia federal y ordinaria.
Los quince detenidos quedaron formalmente a disposición de los tribunales intervinientes, imputados por los delitos de torturas y abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por la condición de funcionarios públicos de una fuerza de seguridad.