Madryn: tiene 14 años, quería evitar que su cuerpo siguiera desarrollándose como varón y una jueza puso el freno

Una jueza de Puerto Madryn ordenó frenar, al menos por ahora, el tratamiento con el que un adolescente de 14 años buscaba impedir que su cuerpo continuara desarrollando características físicas masculinas.

La decisión fue tomada por la titular del Juzgado de Familia N° 2, Delma Viani, luego de una presentación realizada por el padre del joven, quien sostuvo que el tratamiento estaba por comenzar sin una evaluación médica integral de sus posibles consecuencias.

No se trataba todavía de una intervención quirúrgica ni de un cambio registral de sexo. Lo que estaba en discusión era el uso de medicamentos conocidos como inhibidores puberales, destinados a detener temporalmente algunos de los cambios corporales propios de la adolescencia.

En este caso, el objetivo era evitar que continuara avanzando el desarrollo físico masculino mientras el adolescente transitaba su proceso de identidad de género.

La Justicia no lo prohibió definitivamente

La resolución no significa que el joven haya perdido la posibilidad de acceder al tratamiento ni que la jueza haya rechazado su identidad.

Lo que hizo la magistrada fue disponer una suspensión cautelar hasta que se completen las evaluaciones médicas y psicológicas pendientes, exista información suficiente para prestar un consentimiento plenamente informado y se resuelva el desacuerdo entre sus padres.

Entre las principales falencias detectadas, la jueza señaló que el adolescente todavía no había sido evaluado por un especialista en endocrinología pediátrica.

También faltaban estudios clínicos específicos que permitieran establecer su estado de salud, valorar los posibles riesgos y determinar si el tratamiento propuesto era adecuado para su situación particular.

Las peritos forenses Vanina Botta y Silvana Quetglas advirtieron además sobre la existencia de zonas de incertidumbre científica respecto de los efectos que los inhibidores puberales pueden provocar sobre la salud ósea y el desarrollo general cuando se utilizan a edades tempranas.

Otro elemento que llamó la atención dentro del expediente fue que parte de la información que manejaba el adolescente sobre el tratamiento había sido obtenida a través de redes sociales.

La jueza entendió que eso no podía reemplazar una explicación médica individual, completa y adaptada a su edad.

Sus padres no estaban de acuerdo

El conflicto llegó a los tribunales porque los progenitores mantenían posiciones diferentes.

Mientras uno acompañaba la posibilidad de comenzar el tratamiento, el padre presentó una medida cautelar para impedir que se avanzara hasta contar con mayores garantías médicas.

Ese enfrentamiento obligó a la Justicia a intervenir en una discusión especialmente delicada: hasta dónde puede decidir por sí mismo un adolescente de 14 años sobre un tratamiento que afecta el desarrollo de su cuerpo y qué participación deben tener sus padres.

El Código Civil y Comercial reconoce la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Entre los 13 y los 16 años pueden decidir por sí mismos sobre tratamientos que no sean invasivos ni impliquen riesgos graves para su salud. Cuando la práctica puede comprometer su integridad, deben prestar consentimiento con asistencia de sus progenitores. Si existe un conflicto, debe resolverse teniendo en cuenta el interés superior del adolescente y la opinión médica disponible.

A partir de los 16 años, la ley considera al adolescente como una persona adulta para las decisiones vinculadas con el cuidado de su propio cuerpo.

Sin embargo, eso tampoco significa que antes de esa edad los padres puedan decidir sin escuchar al menor. La legislación establece que toda persona menor de edad tiene derecho a ser oída en los procesos judiciales que la involucran y a participar en las decisiones sobre su vida.

¿Para qué sirve este tratamiento?

Los inhibidores de la pubertad reducen temporalmente la producción de determinadas hormonas sexuales. Se utilizan desde hace décadas en casos de pubertad precoz y, más recientemente, comenzaron a ser indicados a algunos adolescentes que experimentan un fuerte malestar porque su desarrollo corporal no coincide con su identidad de género.

En términos sencillos, el tratamiento puede impedir que avance el crecimiento del vello, que se profundice la voz, que aumente la masa muscular o que se desarrollen otros caracteres sexuales masculinos.

No produce por sí mismo una transformación corporal femenina. Tampoco equivale a una cirugía de reasignación sexual.

Su finalidad es detener durante un tiempo parte del desarrollo puberal. En algunos casos funciona como una etapa previa a la utilización posterior de hormonas feminizantes o masculinizantes; en otros, brinda tiempo para continuar la evaluación antes de tomar nuevas decisiones.

La Ley de Identidad de Género argentina reconoce el derecho de las personas a recibir tratamientos hormonales destinados a adecuar su cuerpo a la identidad autopercibida.

Un debate científico que todavía no está cerrado

Los tratamientos de supresión puberal generan una discusión médica cada vez más intensa en distintos países.

Durante años fueron presentados como una intervención completamente reversible que permitía "ganar tiempo". Sin embargo, las revisiones científicas más recientes señalan que todavía existe evidencia insuficiente para determinar con certeza todos sus beneficios y consecuencias de largo plazo.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2025 concluyó que la certeza de la evidencia disponible sobre los efectos de los bloqueadores puberales en jóvenes con disforia de género es baja o muy baja para varios de los resultados estudiados. Eso no demuestra que siempre provoquen daños ni que nunca resulten útiles, pero sí impide presentar sus beneficios y riesgos como asuntos definitivamente resueltos.

Entre los puntos que requieren seguimiento se encuentran la densidad mineral de los huesos, el desarrollo físico, la fertilidad futura y los efectos psicológicos de mediano y largo plazo.

A raíz de estas incertidumbres, algunos sistemas sanitarios europeos endurecieron sus protocolos. Inglaterra dejó de indicar bloqueadores puberales de manera rutinaria a menores fuera de contextos de investigación, luego de una revisión que cuestionó la calidad de la evidencia disponible.

Otros organismos médicos sostienen que pueden utilizarse en casos cuidadosamente seleccionados, siempre que exista una evaluación clínica rigurosa y un seguimiento multidisciplinario.

La falta de consenso internacional refuerza precisamente uno de los argumentos centrales de la resolución de Puerto Madryn: una decisión de estas características no debería basarse únicamente en información obtenida en internet ni adoptarse sin endocrinólogos, profesionales de salud mental y estudios clínicos completos.

La carta de la jueza al adolescente

Uno de los aspectos más singulares de la resolución fue la incorporación de una carta dirigida directamente al joven.

En ese texto, titulado "Carta para Mateo", la magistrada le explicó en palabras sencillas que había escuchado su opinión y que la suspensión no significaba desconocer lo que sentía.

"Esta decisión no significa que no crea en vos, ni que dude de lo que sentís, ni que deje de respetarte", expresó la jueza, según se consigna en la resolución.

Viani explicó que su tarea no consistía solamente en escuchar su voluntad, sino también en asegurarse de que una decisión médica de semejante importancia fuera adoptada con la mayor información posible.

La carta busca que el adolescente comprenda que la Justicia no está resolviendo sobre su identidad, sino sobre el momento y las condiciones en que podría comenzar un tratamiento médico.

La pregunta que deja abierta el caso

La resolución de Puerto Madryn coloca en el centro un debate que excede a esta familia: ¿hasta dónde puede decidir una persona de 14 años sobre tratamientos que condicionan el desarrollo de su cuerpo?

Por un lado, el adolescente tiene derecho a ser escuchado, a vivir de acuerdo con su identidad y a participar activamente en cualquier decisión médica que lo involucre.

Por otro, el Estado, los profesionales y sus responsables legales tienen el deber de garantizar que comprenda los efectos, riesgos, limitaciones e incertidumbres del procedimiento.

La jueza eligió una salida transitoria: no autorizó el comienzo inmediato del tratamiento, pero tampoco cerró la puerta para siempre.

La prohibición continuará hasta que se realice la consulta endocrinológica, se completen los estudios médicos, avance el acompañamiento psicológico y pueda prestarse un consentimiento suficientemente informado.

También podría levantarse si ambos padres alcanzan un acuerdo o si una nueva resolución judicial dispone algo diferente.

El adolescente, además, podrá decidir por sí mismo sobre tratamientos invasivos relacionados con su cuerpo cuando cumpla los 16 años, conforme al artículo 26 del Código Civil y Comercial.

Así, detrás de un título que inevitablemente genera posiciones enfrentadas, el fallo no resolvió si el adolescente "puede o no cambiar de sexo". Lo que decidió fue que, con solo 14 años y sin las evaluaciones médicas consideradas indispensables, todavía no estaban dadas las condiciones para avanzar.