Milei analiza suspender por decreto el aumento en discapacidad tras la derrota en el Congreso
El Ejecutivo no judicializará la ley aprobada por ambas cámaras y evalúa un DNU para postergar la aplicación hasta el Presupuesto 2026.
El Gobierno nacional resolvió no acudir a la Justicia luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y aprobara el aumento en las prestaciones por discapacidad. En lugar de aplicar la norma, la Casa Rosada estudia suspender su cumplimiento a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que permitiría postergar la erogación presupuestaria hasta el ejercicio 2026.
La estrategia apunta a que las demandas judiciales por la aplicación de la ley sean presentadas por particulares, lo que fragmentaría los procesos en distintos tribunales. De esa forma, el Ejecutivo ganaría tiempo hasta que se defina el frente judicial.
La mesa legal del oficialismo, integrada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y la Procuración del Tesoro a cargo de Santiago Castro Videla, avanza en la búsqueda de jurisprudencia que respalde esta posición. El argumento principal es el impacto fiscal de la medida y la obligación de identificar las fuentes de financiamiento para cualquier gasto no previsto en el presupuesto, según el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera.
El Ejecutivo descarta, por ahora, recurrir a la Corte Suprema. Considera que la autoconvocatoria del Senado que permitió la votación no se ajusta al reglamento y que, en consecuencia, lo aprobado carece de validez.
El constitucionalista Marcelo Bermolén advirtió que la suspensión de la ley solo podría instrumentarse mediante un DNU, lo que abriría un escenario judicial complejo. "Es probable que distintos jueces fallen de manera diferente y que las cámaras terminen interviniendo", explicó.
Mientras tanto, no habrá aumentos en las prestaciones hasta que se defina la situación legal y presupuestaria.
F: TN