Multa diaria a Diego Santilli y sanción al jefe de Gabinete por incumplir el financiamiento universitario
A horas de una nueva Marcha Federal, el juez Martín Cormick impuso una penalización económica diaria al funcionario nacional tras constatar que el Ejecutivo desoyó la medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y las becas.
En la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, el conflicto entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios sumó un fuerte revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, por el incumplimiento verificado de una medida cautelar que ordena recomponer los haberes del personal docente y no docente, además de garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles.
La sanción económica -conocida técnicamente como astreinte- recae de manera directa sobre el funcionario y se efectivizó luego de que vencieran los plazos de las advertencias previas emitidas por el magistrado. La medida se adoptó a instancias de un planteo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, que denunció que la administración central seguía sin acatar la manda judicial ratificada por la propia Corte Suprema de Justicia. En su resolución, el juez advirtió que el monto y los funcionarios alcanzados podrán modificarse si persiste la reticencia oficial.
El trasfondo de la disputa legal se originó a partir de un decreto del Poder Ejecutivo que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Pese a que el Estado apeló la declaración de inconstitucionalidad de dicha cláusula y el expediente se encuentra bajo estudio de la Cámara de Apelaciones, la cautelar que exige las actualizaciones salariales se mantiene plenamente vigente. La normativa estipula adecuar los ingresos del sector tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implicaba un incremento retroactivo superior al 40% sobre los básicos de julio de 2025, sumado a ajustes mensuales automáticos.
Por su parte, la administración central defendió su postura al argumentar que la cautelar impone una carga económica indeterminada y afecta el normal funcionamiento estatal al exigir pagos compulsivos sin montos precisos. Desde el Ejecutivo sostuvieron que ya se otorgaron incrementos que superan el 226% acumulado desde fines de 2023, que se convocó a las mesas paritarias trimestrales y que las exigencias actuales contradicen la Ley de Presupuesto vigente, al carecer de partidas aprobadas por el Congreso para afrontar una suba de esa magnitud. Sin embargo, al rechazar los planteos oficiales de efecto suspensivo, la Justicia activó las sanciones pecuniarias en plena cuenta regresiva hacia la masiva movilización académica en todo el país.