Neuquén prohibirá celulares en aulas y aprobó un protocolo ante la violencia hacia docentes: los detalles

En su 12° sesión ordinaria, la Legislatura de Neuquén aprobó un nuevo marco legal que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas de la provincia y establece un protocolo de actuación ante hechos de violencia dirigidos a docentes y personal no docente. La jornada legislativa, que se extendió desde las 10:55 hasta las 17:45, también incluyó la aprobación de una comunicación de repudio al desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por parte del gobierno nacional y la designación de un nuevo defensor público penal.

La norma que regula el uso de dispositivos móviles en establecimientos educativos, tanto públicos como privados, unificó dos proyectos de ley y fue aprobada por mayoría con 23 votos a favor y 1 en contra. La legislación prohíbe el uso total de celulares en el nivel inicial y, en el nivel primario, permite su uso solo bajo supervisión docente, con fines didácticos específicos y consentimiento familiar. Para el nivel secundario, los dispositivos deberán permanecer apagados y fuera del alcance, y solo podrán ser utilizados con fines pedagógicos cuando el docente lo disponga por justificativo didáctico.

Por otra parte, la Legislatura aprobó con 25 votos positivos un régimen de prevención y sanción ante hechos de violencia hacia trabajadores y trabajadoras del sistema educativo provincial. Esta iniciativa, presentada por el gremio docente ATEN, busca garantizar condiciones laborales seguras y libres de agresiones.

La nueva ley establece un marco de actuación frente a manifestaciones físicas, verbales, digitales o mediáticas de violencia. Contempla una gradación sancionatoria que abarca desde multas de 1 a 100 JUS, hasta 20 días de trabajo comunitario y 30 días de arresto. Para agentes públicos agresores, se prevén suspensiones sin goce de haberes, cesantías o inhabilitaciones. En el caso de agresiones de menores, los padres serán responsables y deberán participar en encuentros con equipos interdisciplinarios.

Además, la norma crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Educativo, que funcionará como órgano consultivo y de monitoreo. Este organismo estará integrado por representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE), los ministerios de Educación y Seguridad, gremios docentes y no docentes, y el Ministerio Público de la Defensa. La ley también encomienda al CPE la tarea de garantizar un entorno educativo seguro mediante protocolos, dispositivos de seguridad, formación obligatoria en convivencia escolar y espacios de contención.