Ordenaron analizar el teléfono de Alberto Fernández en la causa de los seguros

El teléfono celular de Alberto Fernández será analizado nuevamente, esta vez en el marco de la causa judicial que investiga un presunto esquema de corrupción en la contratación de seguros durante su presidencia. El dispositivo había sido desbloqueado semanas atrás por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yañez. Ahora, los peritos informáticos deberán buscar en él comunicaciones vinculadas al escándalo de los seguros.

La Justicia ordenó extraer los mensajes que el ex mandatario haya intercambiado con una lista de personas investigadas en la causa. Además, los especialistas deberán buscar más de 50 palabras clave relacionadas con brokers, contratos estatales, pólizas y otras referencias al entramado que se investiga.

El teléfono y la tablet de Fernández fueron secuestrados el 9 de agosto de 2023 y estaban guardados en una caja fuerte de la fiscalía que llevaba adelante la causa por violencia de género. El juez Julián Ercolini ordenó hace poco la extracción de todas las conversaciones del ex presidente con Yañez mediante WhatsApp, Telegram, Signal, mensajes de texto y Facetime. Esa información se presentará próximamente como prueba en esa investigación.

Paralelamente, el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa de los seguros, solicitó un informe específico con el contenido vinculado a esa investigación. El objetivo es identificar comunicaciones con brokers y funcionarios que habrían participado en el direccionamiento de contratos millonarios durante el gobierno de Fernández.

Entre las personas mencionadas se encuentran su histórica secretaria María Cantero, el broker Héctor "Hecky" Martínez Sosa -amigo personal de Fernández-, así como ex funcionarios de Nación Seguros y otros intermediarios.

Los investigadores buscan comprobar si desde la Presidencia se organizó un mecanismo para beneficiar a un grupo reducido de empresas aseguradoras. Según la acusación, Fernández habría tenido un rol central en el proceso de selección de brokers, interviniendo directamente en los casos en que surgían diferencias entre los involucrados.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) también aportó datos relevantes: entre 2010 y 2019, el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por servicios profesionales. La última factura fue emitida apenas cuatro días antes de asumir el cargo en 2019.

La relación entre Fernández y Martínez Sosa se rompió tras el avance de la causa, luego de que el ex presidente intentara desligarse de la responsabilidad y apuntara contra su secretaria. Las pericias a los teléfonos de varios imputados ya aportaron imágenes y chats claves, como una fotografía del ex mandatario con Martínez Sosa en la quinta de Olivos.

Todavía hay unos 40 dispositivos que no pudieron ser desbloqueados, incluidos los de figuras centrales como Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta de Olivos. El análisis del celular de Fernández podría aportar información decisiva para determinar su grado de responsabilidad en el caso.