Otra persiana que baja: Black & Decker cerró su fábrica, despidió a 61 trabajadores y busca pagar la mitad de las indemnizaciones

La crisis del entramado industrial argentino sumó un nuevo y contundente capítulo en la provincia de San Luis. La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker confirmó el cierre definitivo de su planta fabril en la localidad de Justo Daract y dejó en la calle a toda su dotación: 61 trabajadores, entre operarios y personal administrativo.

La decisión no solo desactiva un polo productivo clave para la región, sino que desató un fuerte conflicto gremial debido a la intención de la compañía de recortar a la mitad las indemnizaciones correspondientes, exponiendo las tensiones del actual modelo económico de Javier Milei.

De inversión estrella a víctima de las importaciones

El cierre marca el ocaso de un proyecto que había nacido con ambición exportadora. La fábrica de Justo Daract se había instalado en 2013 tras desembolsar una inversión inicial de 100 millones de dólares. Su objetivo era sustituir importaciones de discos abrasivos provenientes de Alemania y Taiwán, logrando abastecer tanto al mercado local como a destinos regionales de la talla de Brasil, Chile y Uruguay.

Trece años después, la ecuación económica se volvió insostenible. Según trascendió, la empresa justificó el cierre por un combo letal para la manufactura local:

La apertura importadora: La imposibilidad de competir en precios frente al ingreso masivo de productos extranjeros, especialmente de origen chino.

El derrumbe del mercado interno: La fuerte caída en las ventas y la parálisis de la construcción, sector que tracciona la mayor demanda de sus insumos.

Si bien la multinacional aclaró que mantendrá su presencia comercial en la Argentina, confirmó que la fabricación de los discos será tercerizada. En los hechos, la firma abandona la producción nacional y suprime decenas de empleos industriales directos en el país.

Toma de la planta y batalla legal por los despidos

Lejos de resolverse de manera ordenada, la desvinculación derivó en una medida de fuerza. Ante el anuncio del cierre, los trabajadores iniciaron una toma pacífica de las instalaciones para exigir la preservación de sus puestos o, en su defecto, el cobro íntegro de sus derechos laborales.

Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) denunciaron que Stanley Black & Decker pretende encuadrar los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta figura legal habilita a los empleadores a abonar apenas el 50% de la indemnización en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable a la empresa.

El gremio rechaza de plano esta maniobra y advierte que la compañía ni siquiera tramitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) previo, requisito indispensable para acreditar la emergencia económica antes de aplicar recortes indemnizatorios.

El contraste con el discurso oficial y una provincia golpeada

El caso de Justo Daract reavivó el debate político en torno al rumbo productivo del Gobierno nacional. En junio de 2024, durante su paso por el Latam Economic Forum, el ministro de Economía, Luis Caputo, había lanzado una convocatoria directa al sector privado bajo una promesa contundente: "No los vamos a defraudar".

Sin embargo, el retiro de una firma que apostó con capitales millonarios por la industria local deja al descubierto la contradicción entre el llamado a invertir y las condiciones macroeconómicas que terminan asfixiando a quienes producen dentro de las fronteras argentinas.

El golpe para San Luis resulta doblemente sensible, ya que no se trata de un hecho aislado. En febrero de este año, la provincia ya había sufrido el cierre de la planta de piedra laja Master Laja -propiedad del holding británico SSQ Group- en Juana Koslay, un episodio que dejó sin empleo a otros 54 trabajadores. Mientras el Ejecutivo defiende la apertura económica como motor de eficiencia, en el interior productivo crecen los carteles de cierre y las familias que pelean por cobrar lo que les corresponde.