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Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil: "Si delinquís, las pagás"

La nueva Ley Penal Juvenil comenzó a regir este sábado y establece que los adolescentes de 14 y 15 años también pueden ser sometidos a un proceso penal. Patricia Bullrich celebró la implementación del nuevo régimen y aseguró que "se terminó la impunidad". La normativa reemplaza el sistema vigente desde 1980 y contempla un esquema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años.

 La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil generó una fuerte reacción política. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, celebró la implementación de la ley que modifica el régimen de responsabilidad penal para adolescentes y reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual puede iniciarse un proceso penal.

"Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás", escribió Bullrich en su cuenta de X al referirse a la entrada en vigencia de la nueva normativa.

La legisladora sostuvo que "se terminó la excusa de la edad para delinquir" y afirmó que quienes "roban, matan o lastiman" deben responder por sus actos. También cuestionó el régimen anterior y sostuvo que durante años los menores que cometían delitos gozaron de impunidad.

La declaración se produjo un día después de que comenzara a aplicarse la Ley 27.801, sancionada por el Congreso en febrero y publicada en el Boletín Oficial en marzo de este año.

El cambio central es que el nuevo régimen alcanza a las personas adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18, cuando sean imputadas por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales.

La modificación implica dejar atrás el esquema establecido por la Ley 22.278, que regía desde 1980. La nueva legislación deroga expresamente esa norma y establece un sistema penal juvenil específico.

Sin embargo, la entrada en vigencia de la ley no significa que un adolescente de 14 años reciba automáticamente una pena de prisión ante cualquier delito. El régimen establece un procedimiento especial, con derechos y garantías propios, y contempla diferentes respuestas según la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y la situación del adolescente.

La ley también dispone que en los procesos intervengan operadores especializados y contempla medidas vinculadas con la educación, la formación y la reinserción social. El objetivo declarado por la normativa incluye reducir la reincidencia mediante intervenciones basadas en evidencia.

Uno de los puntos que más interés generó durante el debate legislativo fue el alcance de las sanciones.

El nuevo sistema contempla penas de hasta 15 años, aunque la duración y modalidad de la respuesta penal dependen de las características del delito y de las condiciones establecidas por el régimen.

La normativa también diferencia el tratamiento de los adolescentes de acuerdo con su edad y establece garantías específicas durante el proceso judicial. De esta manera, la reducción de la edad de imputabilidad no implica equiparar automáticamente a los adolescentes con los adultos dentro del sistema penal ordinario.

La ley mantiene, además, la obligación de respetar los derechos y garantías reconocidos por el sistema procesal penal y por las normas de protección de niños, niñas y adolescentes.

La reducción de la edad de imputabilidad fue uno de los temas más discutidos durante el tratamiento legislativo de la reforma. El Gobierno nacional defendió la modificación como una herramienta para que quienes cometan delitos desde los 14 años puedan responder ante la Justicia.

La Casa Rosada había planteado durante el debate que el nuevo régimen buscaba terminar con un vacío que, según su posición, permitía que adolescentes que cometían determinados delitos graves quedaran fuera del sistema penal. Tras la sanción definitiva, el Gobierno presentó la reforma como un cambio estructural después de décadas sin modificaciones al régimen juvenil.

Bullrich se ubicó entre las principales dirigentes oficialistas que respaldaron la reforma. Su mensaje de este sábado volvió a instalar una de las consignas centrales del oficialismo: que la edad no debe impedir que una persona que comete un delito enfrente consecuencias judiciales.

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