¿Pedagogía o crueldad? El repudiable trabajo escolar que desató un escándalo en Epuyén y exigen separar a los directivo

La familia de un estudiante de la Escuela Secundaria N.° 774 de Epuyén formalizó un pedido de separación preventiva de las autoridades del establecimiento (director y vicedirectora), tras denunciar una presunta y alarmante situación de revictimización pedagógica. El trasfondo del conflicto expone una serie de decisiones institucionales que rozan lo insólito y lo inhumano: obligaron al adolescente a realizar un trabajo práctico bajado directamente sobre la traumática experiencia de violencia física que él mismo había sufrido en carne propia dentro del colegio, y que le costó una fractura de mandíbula.

Según pudo reconstruir FM La Cordillera, el conflicto estalló a raíz de una tarea escolar denominada oficialmente «Actividad de convivencia con participación familiar», fechada el pasado 29 de octubre de 2026. Bajo la excusa de abordar la temática de la violencia, el documento escolar obligaba al alumno -quien aún se recupera de las secuelas físicas y anímicas de la agresión- a profundizar teórica y metodológicamente sobre los pormenores de un ataque idéntico al que lo tuvo como víctima.

Un trabajo práctico que reabrió las heridas

El documento escolar presentaba un caso ficticio que calcaba la realidad del estudiante afectado: dos jóvenes discuten, uno recibe un golpe de puño en el rostro, acude al hospital y se instrumenta una escolaridad semipresencial alternada.

A partir de allí, las consignas exigían un despliegue académico insólito para alguien en su situación:

En el área de Biología: indagar sobre las lesiones provocadas por un golpe de puño en el rostro.

En Física, Química y Matemática: calcular la fuerza, la velocidad y el impacto de dicho golpe.

Con profesionales de la salud: concurrir al hospital local para consultar a un médico generalista sobre tratamientos ante lesiones leves, graves y gravísimas, además de las secuelas físicas y el daño emocional.

En el Servicio de Protección de Derechos: exigirle presentarse para indagar sobre las responsabilidades legales de los menores de 18 años ante hechos de violencia y sus consecuencias en la vida adulta.

Como si el nivel de exposición fuera poco, la actividad estipulaba que el estudiante debía gestionar personalmente turnos en las instituciones mencionadas, concurrir a las dependencias y obtener firmas y sellos oficiales que acreditaran su asistencia. Como cierre, se le pedía la elaboración de un podcast o un corto audiovisual con reflexiones para "generar conciencia en la comunidad".

Denuncia penal y presentación ante Educación

Ante semejante cuadro de situación, la familia decidió no permanecer callada. Con el patrocinio y la presentación formal realizada ante el Ministerio de Educación de Chubut y la Supervisión Escolar de la Región I -cuya documentación cuenta con una certificación del Juzgado de Paz de Epuyén del 5 de noviembre de 2026-, exigieron el apartamiento inmediato de los directivos. En la denuncia se acusa a las autoridades de presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público, vulneración de los derechos de la niñez, estigmatización pedagógica y supuesta falsedad ideológica.

Paralelamente, la agresión física original que derivó en la fractura de mandíbula del alumno continúa bajo una rigurosa investigación en la órbita de la Fiscalía de la Circunscripción Lago Puelo, bajo el Legajo Fiscal 8505. La justicia busca dilucidar tanto las responsabilidades de los agresores dentro del predio escolar como la posterior y cuestionada actuación de la cúpula directiva frente al cuidado del menor.

El debate sobre la convivencia escolar y el rol del Estado

El caso vuelve a poner bajo la lupa la eficacia de los protocolos vigentes en Chubut frente a la violencia escolar -como la Resolución 711/2023 del Ministerio de Educación-, que priorizan el resguardo físico y emocional de los estudiantes afectados por sobre cualquier burocracia administrativa.

La pregunta que hoy resuena con fuerza en los pasillos de las escuelas de la región y en toda la comunidad de Epuyén interpela directamente a los educadores: ¿hasta qué punto una herramienta pedagógica puede convertirse en un mecanismo de tortura psicológica y sufrimiento para un alumno que intenta sanar las heridas de una agresión?

Mientras aguardan respuestas concretas de las carteras educativas provinciales, las familias y vecinos exigen que la escuela recupere su rol primordial como espacio de absoluta protección, respeto y contención para los jóvenes.

(Información exclusiva de FM La Cordillera)