Buenos Aires

Piden liberar a un médico acusado de abuso: los motivos detrás del planteo 

El abogado Fernando Palazzo apeló la prisión preventiva de su cliente -acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente- y solicitó la excarcelación o, en su defecto, el arresto domiciliario con pulsera electrónica. El planteo se apoya en cuatro informes de parte sobre la Cámara Gesell, videos y chats de WhatsApp.

La estrategia para intentar sacar de la cárcel a un médico de 47 años detenido en Lomas de Zamora por presunto abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente ya está sobre la mesa de la Justicia. El 10 de noviembre, su abogado defensor, Fernando Palazzo, presentó los escritos con los que apeló la prisión preventiva dictada contra su cliente y pidió directamente su libertad.

Si la Cámara de Apelación y Garantías no hace lugar a la excarcelación, la defensa dejó abierta una segunda vía: que el acusado cumpla arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En paralelo, mediante una presentación dirigida al Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, solicitó morigerar la medida de coerción y pidió una audiencia para que el imputado sea escuchado.

Sin antecedentes y con arraigo: el primer frente del pedido

En el escrito orientado a flexibilizar la detención, Palazzo sostuvo que su defendido carece de antecedentes penales y de entradas previas a comisarías. A ese argumento sumó el arraigo y la contención familiar del médico, además de negar que exista peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación.

En el recurso de apelación, el letrado también puso el acento en un principio procesal: remarcó que la prisión preventiva "no constituye una consecuencia automática de la imputación penal" y dejó asentada la reserva del caso federal ante un eventual revés en las instancias locales.

Cuatro informes de parte bajo la lupa

El núcleo del planteo excarcelatorio se sostiene en cuatro informes técnicos elaborados a pedido de la defensa, que apuntan tanto al perfil del acusado como al peso probatorio de distintos elementos incorporados al expediente.

El primero de esos trabajos corresponde a una evaluación psicológica del detenido realizada por el licenciado Tomás Stavisky. El dictamen concluye que el imputado presenta "un funcionamiento psíquico aparentemente organizado" y no exhibe indicadores psicopatológicos de relevancia. La propia defensa aclaró que ese diagnóstico no permite establecer si el hecho denunciado ocurrió o no.

El mismo profesional revisó la forma en que se llevó a cabo la entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Sus reparos pasan por ruidos externos, interrupciones durante el acto y la formulación de algunas preguntas. Sin sostener que el relato sea falso -y sin haber entrevistado de manera directa a la joven-, el informe plantea que el registro debe examinarse en su totalidad.

Videos grabados de pantalla y chats sin extracción forense

Los otros dos informes son pericias informáticas firmadas por la licenciada Karina Paola Viegas, enfocadas en material audiovisual y digital agregado a la causa.

El registro de cámaras: según la defensa, el video incorporado muestra desplazamientos en un espacio común, pero no registra el interior de la habitación. Además, sostiene que no se trata del archivo original del sistema de cámaras, sino de una grabación de pantalla, por lo que no habría sido posible verificar su integridad.

Los mensajes de WhatsApp: la perita señaló que las conversaciones fueron aportadas mediante capturas de pantalla, sin extracción forense de los teléfonos. También indicó que los mensajes analizados corresponden a una semana posterior al hecho investigado y que allí no figuran referencias expresas al abuso.

Qué condiciones propuso si hay arresto domiciliario

Como alternativa a la libertad plena, la defensa delineó un esquema de control para un eventual arresto domiciliario. Entre las reglas ofrecidas figuran la permanencia en el domicilio con pulsera electrónica, la prohibición absoluta de acercamiento y comunicación con la adolescente por cualquier medio, la veda de contacto con testigos y el compromiso de presentarse ante cada citación del tribunal.

La decisión ahora quedó en manos de la Cámara de Apelación y Garantías, que deberá resolver si confirma la prisión preventiva o si abre la puerta a alguno de los pedidos formulados por la defensa.

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