JOY

¿Populismo aéreo? Debutó la primera aerolínea de la era Milei, pero si no vende el 76% de los pasajes la diferencia la pone el Estado

Presentada como el primer fruto de la política de cielos abiertos y desregulación aerocomercial del Gobierno nacional, la nueva compañía Joy Airline comenzó sus vuelos regulares con un respaldo financiero clave: un convenio estatal que le garantiza el 76% de los asientos vendidos en cada tramo. Mientras se recortan subsidios al transporte público que utilizan los trabajadores, fondos públicos pasan a blindar el riesgo empresario de un servicio con pasajes desde $130.000 por tramo, al que los sectores de menores ingresos no tienen acceso.

El lunes 16 de noviembre concretó su debut operativo Joy Airline, la primera compañía aérea certificada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) durante la gestión de Javier Milei. La firma opera bajo la razón social Buenos Aires International Airlines S.A. (BAIA) con aviones Bombardier CRJ-200LR de 50 plazas y una programación inicial de 19 frecuencias semanales entre el norte argentino, Córdoba y Aeroparque.

Aunque el lanzamiento fue celebrado desde sectores oficialistas como una muestra de inversión privada sin intervención estatal (con un desembolso anunciado de 20 millones de dólares), la letra chica del esquema comercial revela un fuerte paraguas público. Para asegurar la sustentabilidad de sus vuelos, la empresa acordó con una administración estatal un piso garantizado de ocupación del 76%.

Sobre un avión de 50 asientos, el Estado asegura la cobertura económica equivalente a 38 pasajes por vuelo (722 plazas por semana). Si la demanda comercial no alcanza ese umbral, la diferencia para completar el ingreso mínimo pactado sale del erario público.

La operatoria expone una contradicción en pleno ajuste fiscal. Mientras a nivel nacional se eliminaron subsidios al transporte automotor urbano e interurbano (encareciendo el boleto diario de obreros y estudiantes), las garantías de ocupación aérea funcionan como una transferencia regresiva: socializan las pérdidas potenciales de un privado para sostener un servicio usado por sectores medios-altos, ejecutivos y funcionarios. Con tarifas promocionales desde $130.000 y $165.000 por tramo, un viaje de ida y vuelta supera los $260.000 o $330.000, fuera del alcance de cualquier hogar de clase baja.

A las dudas sobre el financiamiento se suman los antecedentes detrás del proyecto, que ya generaron alertas en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). La presidencia de BAIA S.A. está a cargo de Eduardo Adolfo Loioco (quien constituyó la firma en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri y pidió 178 rutas sin llegar a volar), pero entre los impulsores figura Juan José Maggio, expresidente de la extinta Southern Winds, la aerolínea cordobesa marcada por el escándalo de las valijas con cocaína en Madrid en 2004 y que recibió millonarios subsidios estatales antes de quebrar.

La jurisdicción que aceptó convertirse en garante de este negocio sin riesgo está en el norte del país: el convenio fue firmado por el Gobierno de Jujuy, encabezado por el gobernador radical Carlos Sadir (Frente Cambia Jujuy, aliado clave de la Casa Rosada en el Congreso) y gestionado por su ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

El compromiso de recursos jujeños contrasta con la emergencia social de la provincia. Según el INDEC (primer semestre de 2026), el 27,6% de la población del aglomerado Jujuy-Palpalá vive bajo la línea de pobreza (unas 101.000 personas y 24.000 hogares). A su vez, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) informó que en octubre una familia tipo necesitó $1.549.126,66 para no ser pobre y $702.023,64 solo para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

¿De qué caja sale el respaldo? Del presupuesto de Jujuy. El gobernador Carlos Sadir aprobó el acuerdo «Cielos Abiertos para Jujuy» por el Decreto 5261-JG/2026 y dispuso que el gasto se atienda con la partida «Convenio de Promoción Turística». La gobernación lo defendió por los nuevos horarios y el movimiento económico que espera generar.

En una provincia donde un solo pasaje de ida y vuelta a Buenos Aires absorbe casi la mitad de la canasta alimentaria mensual de una familia y el boleto urbano sufrió fuertes aumentos tras el fin del Fondo Compensador, la gobernación eligió blindar los asientos de una aerolínea debutante. Con Joy Airline proyectando replicar este modelo en Mendoza, San Juan, San Luis y El Calafate, el caso jujeño deja una pregunta incómoda para los cielos abiertos: si el mercado realmente despegó o si solo cambió la ventanilla desde donde se pagan los subsidios.

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