Por qué la Zona Franca de Comodoro quedó estancada mientras Trelew avanza: 21 años de escaso movimiento y oportunidades perdidas

 Entre 2001 y 2021 movió US$ 280 millones, el equivalente a apenas 32 horas de las importaciones argentinas de 2025. Conserva solamente ocho usuarios, nunca desarrolló su anexo aeroportuario y un informe técnico no pudo acceder a la oferta original del concesionario ni encontrar documentación que acreditara las inversiones comprometidas. La concesión vence en diciembre de 2028. Antes de discutir una prórroga, corresponde exigir una rendición integral. Comodoro Rivadavia tiene puerto, aeropuerto internacional, actividad petrolera, servicios industriales y una ubicación estratégica frente al Atlántico. Sin embargo, después de casi tres décadas de concesión, su Zona Franca continúa ocupando un lugar marginal en la economía local. El contraste con Trelew resulta inevitable. El nuevo anexo fue autorizado sobre 165 hectáreas, incorporado a la planificación provincial y presentado como una plataforma para captar inversiones. Todavía debe demostrar que puede convertirse en una operación real, pero ya exhibe una decisión política que Comodoro no tuvo durante años. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿la empresa responsable no quiso, no supo o no pudo desarrollar la Zona Franca de Comodoro?

VEINTIÚN AÑOS, APENAS 32 HORAS

El informe elaborado para el Consejo Federal de Inversiones registró que, entre 2001 y 2021, ingresaron mercaderías por US$ 280.025.698. El promedio fue de US$ 13,3 millones por año, poco más de un millón de dólares mensuales. Para dimensionar ese movimiento alcanza una comparación. La Argentina importó aproximadamente US$ 75.670 millones durante 2025. Todo lo movilizado por la Zona Franca de Comodoro en veintiún años equivale a unas 32,4 horas de las importaciones anuales del país. La actividad, además, estuvo fuertemente concentrada. Schlumberger explicó US$ 71,7 millones, equivalentes al 25,6% de todo el movimiento histórico. De los 32 usuarios que alguna vez ingresaron al régimen, al momento del informe solamente quedaban ocho con contratos vigentes. La Zona Franca de La Plata, utilizada como comparación por el estudio, contaba con alrededor de 100 usuarios directos, 3.400 indirectos y más de 130 depósitos construidos. Comodoro tenía apenas el 8% de sus usuarios directos. Hasta la propia presidenta de la Administración Portuaria y del Comité de Vigilancia, Digna Hernando, reconoció recientemente que las zonas francas cercanas resultan más atractivas. La admisión oficial confirma que el problema no es solamente una percepción externa.

QUIÉN DEBE RENDIR CUENTAS

La concesión fue adjudicada en 1998 a un consorcio integrado por trece empresas constructoras. El informe del CFI sostiene que ese grupo se desintegró y que INCRO S.A. quedó como única responsable. La precisión societaria es importante. La concesionaria que aparece formalmente vinculada al régimen y publica sus tarifas es Zona Franca Comodoro Rivadavia S.A. Por lo tanto, no corresponde confundir automáticamente ambas sociedades. Sin embargo, el informe oficial coloca a INCRO en el centro de la responsabilidad después de la salida de las restantes empresas. El problema más grave es que los investigadores no pudieron acceder a la oferta presentada por el concesionario en 1998 ni encontrar documentación que acreditara la realización de las inversiones comprometidas. Sin la oferta original resulta imposible comparar lo prometido con lo efectivamente ejecutado. No se puede determinar con precisión qué depósitos, conexiones, caminos, servicios o instalaciones debían construirse. Tampoco puede establecerse si las carencias actuales constituyen incumplimientos contractuales o si fueron toleradas durante años por los organismos encargados del control. Esa imposibilidad no exime de responsabilidad. Al contrario, revela una falla institucional: una concesión estatal cercana a cumplir treinta años no puede llegar a su vencimiento sin que la ciudadanía conozca cuáles eran sus obligaciones, cuánto invirtió, cuánto pagó, qué recibió y qué controles se realizaron.

NO QUISO, NO SUPO O NO PUDO

INCRO es una firma orientada históricamente a la ingeniería y a los servicios vinculados con petróleo, gas, minería y energía. No aparece como un operador logístico internacional especializado en captar cargas, desarrollar comercio exterior o administrar grandes plataformas francas. Ese perfil puede ayudar a explicar por qué la Zona Franca terminó funcionando principalmente como complemento de la industria petrolera, en lugar de diversificarse hacia la pesca, la logística, la manufactura, la tecnología o las actividades exportadoras. Pero una explicación no reemplaza una rendición. Si INCRO no contaba con la capacidad comercial o logística necesaria, el Estado debía detectarlo. Si existían obstáculos regulatorios, aduaneros o de infraestructura, el concesionario debía documentarlos y reclamar soluciones. Y si el proyecto dejó de ser viable, correspondía revisar la concesión antes de llegar a 2028. La Zona Franca opera sobre aproximadamente tres hectáreas en el puerto. El anexo aeroportuario nunca fue desarrollado. Parte de los caminos internos permanecía sin pavimentar, la defensa costera había perdido efectividad y la ciudad carecía de un servicio marítimo regular de cargas capaz de integrarla a circuitos logísticos de escala. Tampoco consiguió transformarse en una herramienta relevante para el comercio local. El boom reciente de las importaciones estuvo impulsado principalmente por bienes de consumo, vehículos y operaciones de courier, precisamente los segmentos que Comodoro no puede aprovechar plenamente bajo su régimen actual.

QUÉ OBLIGA A HACER LA LEY

La Ley Nacional 24.331 establece que el concesionario debe realizar, a su costo, las obras de infraestructura y las conexiones de servicios básicos incluidas en el proyecto aprobado. También debe asegurar la provisión de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, fuerza motriz, calor y refrigeración. El informe del CFI señaló que los servicios llegaban hasta los edificios del operador, mientras las conexiones internas debían ser completadas por los usuarios. Esa situación abre un interrogante importante, pero no alcanza para afirmar automáticamente que existe un incumplimiento legal. Para determinarlo es indispensable conocer la oferta y el proyecto aprobados en 1998. Como esos documentos no pudieron ser encontrados, no se sabe qué conexiones debía ejecutar el concesionario y cuáles podían quedar a cargo de cada usuario. La consecuencia es grave: la falta de documentación impide incluso auditar correctamente si la concesión cumplió la ley y el contrato.

UN COMITÉ SIN REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE COMODORO

El Decreto Provincial 1737/2024 confirmó la composición del Comité de Vigilancia. Tiene cinco integrantes: tres representantes del Poder Ejecutivo provincial, una representante de la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia y un representante de la Municipalidad de Trelew. El decreto designó a Digna Hernando como presidenta y representante del Puerto; a Marcelo Leite, Juan Leonardi y José Bellorini por el Ejecutivo provincial; y a Juan Manuel Pavón por Trelew. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia no posee una representación propia en el organismo que controla la zona instalada en su territorio. Tampoco aparece expresamente identificado un representante de las entidades empresarias o productivas. No es un detalle menor. El artículo 15 de la Ley 24.331 establece de manera imperativa que en el organismo provincial deberán estar representados los municipios del área de influencia y las entidades empresarias y de la producción. La composición publicada, por lo tanto, presenta una inconsistencia concreta que el Gobierno provincial debe explicar. No alcanza por sí sola para declarar inválido al Comité, pero sí justifica revisar cómo se cumple la representación exigida por la ley. Ese mismo organismo debe evaluar el impacto económico de la Zona Franca, fiscalizar las obligaciones del concesionario, garantizar el acceso de los usuarios y controlar el cumplimiento del régimen. La ausencia de una banca municipal específica para Comodoro resulta todavía más llamativa frente a esas responsabilidades.

TRELEW AVANZA, PERO TODAVÍA NO GANÓ

El anexo de Trelew fue autorizado sobre 165 hectáreas, una superficie 55 veces mayor que las tres hectáreas operativas de Comodoro. La Provincia también incorporó obras para su desarrollo dentro de la planificación presupuestaria. Pero sería apresurado presentar a Trelew como un éxito. Todavía debe completar procedimientos aduaneros, ejecutar infraestructura, identificar públicamente a todos los inversores anunciados y convertir las promesas de empleo en puestos efectivos. La diferencia actual es institucional. Trelew dispone de tierra, respaldo político y una estrategia explícita de captación de proyectos. Comodoro, en cambio, llega al final de una concesión de treinta años sin una evaluación pública integral. En septiembre de 2025, el Gobierno provincial anunció un paquete de beneficios nacionales y provinciales para las zonas francas. Trelew sumó una exención de tasas municipales. En ese mismo acto, el gobernador Ignacio Torres reclamó públicamente que el Municipio de Comodoro adoptara una medida similar. Por eso no es correcto afirmar que Comodoro ya tiene todos los tributos locales en cero. La discusión municipal continúa siendo parte del problema, pero tampoco puede utilizarse como explicación única de casi tres décadas de estancamiento.

55 HECTÁREAS Y UNA PROMESA DE US$ 85 MILLONES

El debate más reciente incorpora otras 55 hectáreas ubicadas al norte de Caleta Córdova. Esos terrenos buscan compensar una superficie entregada originalmente a la Zona Franca que nunca pudo utilizarse porque allí funciona la planta de tratamiento de residuos. Uno de los proyectos presentados contempla destinar las nuevas tierras a una iniciativa de maricultura y economía azul, con una inversión anunciada de US$ 85 millones. La propuesta establece 90 días para presentar el plan de inversiones y un plazo de cinco años para concretarlo. La cifra es importante, pero todavía faltan elementos básicos. No se conocen públicamente todos los inversores, las fuentes de financiamiento, las garantías, el cronograma de desembolsos ni el impacto laboral verificable. Entregar más tierra puede ser necesario. Pero una superficie mayor no resolverá por sí sola la falta de servicios, conectividad, cargas regulares, estrategia comercial y control.

LA CUENTA QUE DEBE RENDIRSE ANTES DE 2028

La concesión vence en diciembre de 2028. Antes de hablar de una extensión, la Provincia, el Municipio, el Comité de Vigilancia, Zona Franca Comodoro Rivadavia S.A. e INCRO deben publicar la documentación completa. La ciudadanía tiene derecho a conocer la oferta de 1998, el contrato de concesión, las inversiones comprometidas y ejecutadas, los cánones pagados, las auditorías, los balances operativos, la evolución anual de usuarios, el empleo generado y las observaciones formuladas por los organismos de control. También debe explicarse la composición del Comité, la ausencia de una representación municipal específica de Comodoro, la participación exigida para las entidades empresariales y las medidas adoptadas frente a las vinculaciones personales y societarias existentes. Después de 28 años, ya no alcanza con anunciar proyectos futuros. Tampoco resulta razonable premiar la falta de resultados con una renovación automática. Trelew todavía tiene que demostrar que su anexo puede funcionar. Pero su avance deja al descubierto todo lo que Comodoro no hizo. Mientras una ciudad recibe tierra, planificación e incentivos, la otra llega al final de una concesión con solamente ocho usuarios, infraestructura inconclusa y documentos fundamentales que no aparecen. La pregunta ya no es solamente por qué la Zona Franca quedó estancada. La verdadera pregunta es quién debía controlarla, quién se benefició con el modelo vigente y por qué los comodorenses deberían aceptar una prórroga sin conocer primero las cuentas completas.