Presentaron una demanda para anular el acuerdo entre Chubut e YPF por los pasivos ambientales

Un vecino de Comodoro Rivadavia, Jorge Spíndola, y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron ante la Justicia Federal una acción de amparo ambiental colectivo contra el Estado Nacional, YPF S.A. y la Provincia del Chubut para solicitar la nulidad del acuerdo firmado entre la provincia y la petrolera por los pasivos ambientales derivados de la explotación hidrocarburífera.

La causa, caratulada "Spíndola, Jorge y otro c/ Provincia del Chubut y otros s/ Amparo Ambiental", quedó radicada en el Juzgado Federal de Rawson N° 1, Secretaría Civil y Comercial N° 3. Los demandantes también solicitaron que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia sea citada como tercero.

El planteo judicial apunta contra el Acta Acuerdo suscripta entre Chubut e YPF el 26 de junio de 2026 y posteriormente ratificada por la Ley XVII N° 166. Según sostienen los demandantes, el convenio libera a la petrolera de responsabilidades ambientales pasadas, presentes y futuras vinculadas con distintos yacimientos de la provincia.

Qué cuestionan del acuerdo

El convenio contempla la transferencia de las concesiones de explotación de las áreas El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr.

A cambio de la liberación de responsabilidades, YPF se comprometió a realizar una compensación de USD 25 millones, además de transferir vehículos y terrenos. La provincia, según el acuerdo cuestionado, asumiría las contingencias futuras relacionadas con los pasivos ambientales.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los demandantes es la inclusión del área marina Restinga Alí, donde, según datos oficiales citados en la presentación judicial, existen 560 pozos, de los cuales más de un tercio no registra estado de abandono.

Los actores sostienen que esa liberación de responsabilidad se incorporó al acuerdo sin una auditoría ambiental específica ni una fundamentación suficiente.

Falta de auditoría y participación ciudadana

Entre los principales argumentos de la demanda aparece la ausencia de una auditoría ambiental independiente. Según el escrito, el estudio utilizado como fundamento del acuerdo habría sido encargado y financiado por la propia YPF, sin un control técnico objetivo por parte del Estado provincial.

También cuestionan que las propias actuaciones administrativas de la Secretaría de Ambiente de Chubut reconocerían la existencia de pasivos ambientales aún no individualizados en las áreas involucradas.

Otro de los planteos apunta a la falta de participación ciudadana previa a la firma del acuerdo. Los demandantes consideran que esto habría vulnerado las garantías establecidas por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

La presentación también advierte sobre el riesgo sanitario y ambiental asociado a los numerosos pozos inactivos, abandonados o deficientemente sellados dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia, algunos de ellos ubicados en cercanías de viviendas y vinculados, según la demanda, con la posible exposición a hidrocarburos y sustancias como benceno, tolueno y xilenos.

"Los USD 25 millones son insuficientes"

Uno de los argumentos centrales de la acción judicial es que la compensación económica acordada sería muy inferior al costo necesario para remediar los pasivos ambientales.

La demanda señala que en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia existen alrededor de 6.000 pozos, de los cuales aproximadamente 3.700 fueron catalogados como abandonados y 1.700 como inactivos.

De acuerdo con las estimaciones incorporadas al expediente, únicamente el sellado definitivo de los pozos abandonados podría demandar entre USD 240 millones y USD 740 millones.

Los demandantes comparan además el acuerdo con el alcanzado entre YPF y la Provincia de Santa Cruz, que contempló un resarcimiento de USD 335 millones, acompañado por un plan obligatorio de remediación.

En ese contexto, sostienen que los USD 25 millones previstos en el convenio con Chubut resultarían manifiestamente insuficientes frente a la magnitud del pasivo ambiental.

También cuestionan la ausencia del Municipio y del Estado Nacional

La demanda plantea además que las autoridades municipales de Comodoro Rivadavia fueron dejadas al margen de un acuerdo que involucra directamente al territorio y a los recursos ambientales de la ciudad.

Al mismo tiempo, cuestiona que el Estado Nacional no haya formado parte del Acta Acuerdo, pese a que los demandantes consideran que tiene responsabilidad sobre una parte importante de los pasivos ambientales y es titular de competencias vinculadas con la policía ambiental.

Qué le pidieron a la Justicia

Además de solicitar la nulidad del Acta Acuerdo y, como consecuencia, la inconstitucionalidad de la ley provincial que lo ratificó, los actores pidieron que se determine la responsabilidad patrimonial correspondiente al Estado Nacional y a YPF S.A. por los pasivos ambientales generados antes y después del 31 de diciembre de 1990, conforme al régimen establecido por la Ley 24.145.

También solicitaron una medida cautelar urgente para suspender los efectos del acuerdo y de la ley que lo aprobó.

Entre las medidas reclamadas se encuentran la prohibición de transferir las concesiones a terceras empresas mientras dure el proceso y la suspensión de operaciones de sellado o abandono de pozos sin previa notificación a los demandantes, con el objetivo de preservar elementos de prueba sobre el estado ambiental de las áreas involucradas.

La causa quedó radicada en el fuero federal debido a la participación del Estado Nacional como demandado y a la posible afectación de recursos ambientales de carácter interjurisdiccional.

El planteo judicial abre así una nueva instancia de discusión sobre el acuerdo entre Chubut e YPF y, fundamentalmente, sobre quién deberá asumir los costos y la responsabilidad por los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación petrolera en Comodoro Rivadavia y otras áreas de la provincia.