"Se perdieron más de mil millones de dólares": Carlos Linares apuntó contra el Banco Central por las operaciones con oro

El senador nacional Carlos Linares volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei por el manejo de las reservas de oro del Banco Central y advirtió sobre las consecuencias económicas de las operaciones realizadas con ese metal.

En una entrevista con ABC Radio, el legislador se refirió al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que señaló una pérdida de 1.023 millones de dólares en operaciones financieras respaldadas con oro durante 2025.

El Banco Central, por su parte, rechazó esa evaluación y sostuvo que las conclusiones de la auditoría responden a motivaciones políticas.

"Es una pérdida de más de mil millones de dólares"

Linares sostuvo que las operaciones realizadas con las reservas representan un perjuicio económico significativo para el país.

Según expresó, la cifra equivale a recursos que podrían destinarse a necesidades sociales, como las prestaciones vinculadas con la discapacidad.

"Representa casi 4.200.000 subsidios a la discapacidad", afirmó durante la entrevista, al comparar el monto cuestionado con ese tipo de asistencia.

El senador también planteó dudas sobre el destino físico de los lingotes y anticipó que espera nuevas explicaciones de las autoridades del Banco Central.

¿Dónde está el oro argentino?

Uno de los principales cuestionamientos del legislador estuvo relacionado con la ubicación de las reservas trasladadas al exterior.

Linares sostuvo que el oro se encontraría en Inglaterra y no en Suiza, como había informado el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante su exposición ante el Senado.

El destino exacto de los lingotes continúa siendo objeto de controversia pública y de pedidos de información.

El legislador recordó el trabajo realizado en el Senado junto con otros representantes, entre ellos Martín Soria y Juliana Di Tullio, para solicitar explicaciones sobre las operaciones.

La Corte Suprema y la Ley de Tierras

Durante la entrevista, Linares también se refirió a la reciente decisión de la Corte Suprema de suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras.

La medida restablece de manera cautelar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Para el senador, el cambio de escenario judicial demuestra la importancia de las manifestaciones ciudadanas.

"Yo pienso que el estado de movilización del pueblo es fundamental para cualquier circunstancia", sostuvo.

Linares interpretó que la presión social tuvo influencia en la decisión judicial, aunque esa relación constituye una valoración política del legislador.

Pidió avanzar con la derogación completa del DNU 70/2023

El senador también se refirió al debate previsto en la Cámara de Diputados, donde distintos bloques opositores buscan avanzar con el rechazo del decreto.

Consideró que la discusión no debería limitarse a la Ley de Tierras y sostuvo que corresponde analizar la derogación de toda la norma.

En ese contexto, expresó su preocupación por la situación de las pequeñas y medianas empresas, el empleo y las dificultades económicas de las familias.

También cuestionó las iniciativas vinculadas con el funcionamiento del Banco Central y advirtió sobre los riesgos que, desde su perspectiva, podría generar una mayor discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas.

"La movilización modifica mucho"

Hacia el final de la entrevista, Linares insistió en que las manifestaciones sociales siguen siendo una herramienta importante para expresar reclamos.

Mencionó especialmente las movilizaciones en defensa de la educación, la salud, la discapacidad, la industria nacional y la soberanía.

El senador sostuvo que el debate sobre el DNU 70/2023 continuará en el Congreso y consideró necesario mantener la discusión pública sobre las decisiones económicas y sus consecuencias.

La controversia por las reservas de oro, mientras tanto, continúa abierta entre la Auditoría General de la Nación, el Banco Central y los legisladores que reclaman información sobre las operaciones realizadas.