Suspenden la aplicación de la nueva ley de glaciares en Santa Cruz
La Justicia Federal de Río Gallegos hizo lugar a una medida cautelar y frenó la aplicación de la modificación impulsada por el Gobierno nacional hasta que se dicte sentencia definitiva.
El Juzgado Federal de Río Gallegos resolvió suspender de manera cautelar los efectos de la reforma de la Ley Nacional de Glaciares en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, tras una acción de amparo ambiental presentada por autoridades de El Calafate.
La causa fue iniciada por el Honorable Concejo Deliberante y la Municipalidad de El Calafate, junto a legisladores provinciales y nacionales, quienes solicitaron la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley N° 26.639, al considerar que implicaría una reducción en los niveles de protección ambiental.
Según el planteo, la reforma "importaría una modificación sustancial del régimen de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en tanto reduciría el alcance de las áreas protegidas y habilitaría el desarrollo de actividades actualmente prohibidas".
El juez federal Claudio Vázquez consideró que la acción debía tramitar como un amparo ambiental y no como un proceso colectivo, al tratarse de la protección de "un bien colectivo indivisible -el ambiente-".
En su análisis, el magistrado remarcó la importancia estratégica de los glaciares, al señalar que constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" y cumplen un rol clave en la regulación de cuencas y el abastecimiento de agua.
Asimismo, advirtió que una eventual modificación del régimen vigente podría tener consecuencias graves: "La eventual alteración del régimen de protección vigente sobre los glaciares y el ambiente periglacial no constituye una cuestión meramente normativa o abstracta, sino que proyecta efectos concretos sobre recursos naturales de carácter estratégico".
El fallo también puso el foco en los principios ambientales, como el de no regresión y el precautorio, al considerar que no se pueden reducir los estándares de protección sin una justificación suficiente.
En ese sentido, el juez sostuvo que existe un riesgo concreto en caso de aplicarse la reforma: "Podría habilitar la realización de actividades con impacto sobre ecosistemas de alta fragilidad, cuyos efectos podrían resultar de muy difícil o imposible reversión".
Por ello, resolvió hacer lugar a la medida cautelar y "disponer la suspensión de los efectos de la reforma de la Ley N° 26.639 en el ámbito territorial de la Provincia de Santa Cruz, hasta tanto se dicte sentencia definitiva".
Además, ordenó al Estado Nacional que se abstenga de aplicar o autorizar cualquier acto administrativo basado en la normativa cuestionada que pueda afectar glaciares o el ambiente periglacial en la provincia.
La decisión judicial se da en un contexto de debate por los alcances de la reforma y sus posibles impactos ambientales, especialmente en regiones donde los glaciares cumplen un rol clave en el equilibrio ecológico y el desarrollo local.