Trump asegura para EE.UU. el control de más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela que, según sus términos, otorgaría a empresas estadounidenses el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

El anuncio fue presentado por Trump como el "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" y supone un nuevo giro en la relación entre Washington y Caracas. La cifra involucrada representa aproximadamente una quinta parte de las reservas probadas de Venezuela, uno de los países con mayores recursos petroleros del planeta.

La información difundida hasta ahora, sin embargo, deja varios interrogantes abiertos. No se publicó el listado completo de los 17 campos, tampoco se conoció oficialmente qué empresas privadas participarán ni se detalló la estructura jurídica mediante la cual Estados Unidos obtendría ese "control mayoritario".

Según el gobierno venezolano, el pacto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos con un potencial de reservas probadas de unos 65.000 millones de barriles.

La administración de Delcy Rodríguez aseguró que el proyecto requerirá más de US$100.000 millones en inversiones privadas y podría generar alrededor de US$209.000 millones en tributos para el Estado venezolano.

El objetivo declarado por Caracas es recuperar la infraestructura petrolera, incrementar la producción y atraer capital extranjero después de años de deterioro de la industria hidrocarburífera.

Desde Washington, Trump sostuvo que el acuerdo permitirá aumentar el suministro de petróleo disponible para Estados Unidos y contribuirá a reducir los precios de los combustibles. Reuters señaló, sin embargo, que el impacto sobre el precio de la nafta estadounidense no sería inmediato, debido al tiempo y las inversiones necesarias para recuperar la producción venezolana.

El tamaño del acuerdo se entiende mejor al observar la dimensión de las reservas venezolanas.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) estima que Venezuela contaba con aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo en 2023, equivalentes a cerca del 17% de las reservas mundiales. La mayor parte corresponde a petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco.

Los 65.000 millones de barriles mencionados en el acuerdo representan, por lo tanto, alrededor del 21% de las reservas venezolanas calculadas por la EIA.

Pero tener enormes reservas no significa producir grandes cantidades de petróleo. Venezuela ha tenido durante años problemas de inversión, infraestructura, personal especializado y capacidad operativa. La EIA señala que esos factores limitaron considerablemente el desarrollo de los recursos venezolanos.

Ese es uno de los principales desafíos que enfrentará cualquier empresa que participe del nuevo esquema.

Una de las particularidades de Venezuela es que buena parte de su petróleo es extrapesado y requiere procesos específicos para su extracción y tratamiento.

Esto tiene importancia estratégica porque no todas las refinerías están preparadas de la misma manera para procesar ese tipo de crudo. La infraestructura estadounidense del Golfo de México tiene experiencia histórica en el procesamiento de petróleos pesados, lo que puede favorecer el vínculo energético entre ambos países.

La EIA ya había señalado que la producción venezolana se encuentra condicionada por las características del crudo y por la falta de inversiones y mantenimiento en la industria.

Por eso, el acuerdo no debe interpretarse simplemente como la incorporación inmediata de 65.000 millones de barriles al mercado. Se trata de reservas que requieren años de inversión, perforación, infraestructura, transporte y capacidad de procesamiento para transformarse en producción efectiva.

Uno de los puntos que todavía genera mayor incertidumbre es qué significa exactamente el "control mayoritario" anunciado por Trump.

El mandatario estadounidense afirmó que Washington, mediante una alianza con empresas privadas, tendrá el control mayoritario de las reservas involucradas. Sin embargo, no presentó públicamente todos los documentos contractuales que permitan conocer cómo se estructurará esa participación.

Una versión recogida por medios internacionales señala que el esquema podría incluir la creación de una nueva compañía privada con participación estadounidense y derechos de desarrollo de muy largo plazo. Ese aspecto todavía requiere confirmación documental oficial.

La diferencia es importante: controlar la explotación de determinados campos no necesariamente equivale a ser propietario de las reservas naturales. La estructura jurídica del acuerdo será determinante para saber exactamente qué derechos tendrán las compañías estadounidenses y cuáles conservará el Estado venezolano.

El componente jurídico es uno de los principales interrogantes.

La legislación venezolana establece un fuerte papel del Estado sobre los recursos petroleros y la actividad hidrocarburífera. Informaciones previas sobre las negociaciones habían señalado que algunos mecanismos analizados, como eventuales contratos de arrendamiento de campos, podían generar cuestionamientos dentro del marco legal venezolano.

La administración de Rodríguez impulsó durante 2026 una mayor apertura del sector a inversiones privadas, pero todavía deben conocerse los instrumentos concretos que permitirán implementar el nuevo acuerdo.

Por eso, el anuncio político no equivale necesariamente al comienzo inmediato de la explotación de los 17 yacimientos. La aprobación de contratos, las condiciones fiscales, las garantías para los inversores y el marco regulatorio serán piezas fundamentales.

El gobierno venezolano calcula que el desarrollo de los campos demandará más de US$100.000 millones.

La magnitud de esa cifra responde a las dificultades que presenta actualmente la industria petrolera venezolana. Parte de la infraestructura necesita importantes trabajos de mantenimiento y modernización, mientras que muchos campos requieren nuevas inversiones para recuperar niveles de producción.

La EIA ya advertía que las restricciones financieras de la empresa estatal PDVSA, la falta de inversión extranjera y la escasez de personal técnico habían limitado el potencial petrolero del país.

Si el capital privado finalmente llega en la escala anunciada, el impacto podría extenderse más allá de la producción de crudo y alcanzar refinerías, oleoductos, puertos, servicios petroleros y generación de empleo.

Trump aseguró que el acuerdo permitirá aumentar el suministro de petróleo y reducir el precio de la gasolina en Estados Unidos.

Sin embargo, ese efecto no sería automático ni inmediato. La producción venezolana tendría que aumentar de manera significativa y sostenida antes de generar un impacto relevante sobre el mercado internacional.

Además, el precio de los combustibles estadounidenses depende de múltiples factores, entre ellos la cotización internacional del petróleo, los márgenes de refinación, los costos de transporte, los impuestos y la demanda.

Por eso, el anuncio puede tener una importancia estratégica para Washington sin que eso implique necesariamente una caída inmediata de los precios en las estaciones de servicio.Más allá del petróleo, el pacto representa un cambio profundo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

El acceso a una parte importante de las reservas venezolanas refuerza la posición de Washington sobre uno de los mayores recursos energéticos del hemisferio occidental y, al mismo tiempo, puede darle al gobierno venezolano una fuente extraordinaria de inversión y recursos fiscales.

Para Estados Unidos, la recuperación de la producción venezolana también podría contribuir a diversificar sus fuentes de suministro en un mercado energético internacional marcado por conflictos, restricciones comerciales y fuertes oscilaciones de precios.

Para Venezuela, en cambio, el desafío será transformar las inversiones anunciadas en una recuperación real de la producción y en ingresos para el Estado, sin perder capacidad de decisión sobre uno de sus principales recursos estratégicos.