Un policía de Chubut a juicio por violencia institucional: detención sin motivos, golpes y falsificación actas
El oficial de la Policía de Chubut, Martín Reyes Reinoso (25), quedó formalmente imputado por vejaciones, privación ilegítima de la libertad y falsedad documental. El juez concedió seis meses para la investigación y fijó una orden de restricción hacia la víctima.
En un grave caso de presunta violencia e irregularidad policial, la Justicia formalizó este lunes el inicio de la investigación penal contra el oficial de la Policía de la Provincia de Chubut, Martín Reyes Reinoso (25). El efectivo quedó bajo la lupa de la Fiscalía acusado de haber aprehendido arbitrariamente a un joven a la salida de un boliche, golpearlo dentro de la comisaría y haber fraguado la documentación oficial para justificar el procedimiento.
La audiencia de apertura de la investigación preparatoria se llevó a cabo en la sala n° 1 de la Oficina Judicial, bajo la presidencia del juez penal Alejandro Rosales. Durante el acto, las representantes del Ministerio Público Fiscal -la procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi- expusieron los tres hechos delictivos que le atribuyen al uniformado y los elementos de prueba recabados hasta la fecha.
Un arresto injustificado y golpiza en la comisaría
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, los hechos comenzaron durante la madrugada del 18 de octubre de 2025 en las inmediaciones de un concurrido local bailable del barrio Pioneros. En ese lugar, y sin justificación legal ni motivo alguno, el oficial Reyes Reinoso dio la orden intempestiva de esposar a un joven y trasladarlo a la seccional policial bajo la figura de contraventor.
Sin embargo, los abusos no habrían terminado con la detención ilegítima. Una vez dentro de la dependencia policial, el acusado habría ingresado al sector de calabozos donde se encontraba la víctima para agredirla físicamente, provocándole diversas lesiones mientras permanecía privada de su libertad.
Actas truchas y medidas de protección
El tercer hecho imputado por la fiscalía radica en la falsificación de documento público agravado. Según expusieron Sandoval y Bernardi, el oficial redactó un acta de intervención policial incorporando datos y hechos totalmente falsos con el fin de encubrir el accionar irregular y dar apariencia de legalidad a la detención del joven.
Durante la audiencia, el oficial acusado optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio y no prestó declaración. Por su parte, la Defensa Pública, a cargo de su asistencia legal, no presentó oposiciones ante los planteos de la fiscalía.
Ante el cuadro expuesto, el juez Alejandro Rosales resolvió dar por formalizada la investigación preparatoria del juicio por los delitos propuestos. Asimismo, otorgó al Ministerio Público Fiscal un plazo de seis meses para culminar la instrucción y dictó una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto entre el policía imputado y la víctima.