Una escuela construida sobre el peligro, barrios sin mensura y 4.000 pozos sin sellar: de qué se trata el pasivo ambiental de Comodoro que le perdonan a YPF para siempre
El pasivo ambiental de YPF en Comodoro Rivadavia no es un capricho político: es una escuela demolida en Stella Maris, manzanas sin gas por estar dentro del radio de seguridad de pozos abandonados y asentamientos que nunca podrán escriturarse. El acuerdo firmado entre YPF y la Provincia que este jueves va a tratar la Legislatura, cierra la puerta a cualquier reclamo presente o futuro.
Un pasivo ambiental es toda situación de deterioro, contaminación o daño sobre el ambiente generada por una actividad productiva que no fue remediada en el momento en que se produjo. En la industria petrolera, el caso más concreto es el de los pozos mal abandonados: perforaciones que dejaron de producir pero que nunca recibieron el sellado técnico correcto y que, desde entonces, filtran gas hacia la superficie, contaminan el suelo y el agua subterránea, y vuelven peligroso o directamente inhabitable todo el radio a su alrededor. Comodoro Rivadavia tiene más de 4.000 en esas condiciones dentro de su ejido urbano, y eso explica en gran parte los graves problemas de urbanización que tuvo en su historia.
Tal como viene informando ABCDiario, el Acta Acuerdo firmada el 26 de junio de 2026 entre YPF y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, establece que la Provincia renuncia de forma "irrevocable" a cualquier reclamo por pasivos, hallazgos o situaciones ambientales vinculadas a las seis áreas cedidas. Esa renuncia se extiende a todos los organismos, dependencias y sociedades del Estado Provincial y no admite excepción ni revisión futura. En la práctica, Chubut cerró para siempre la única herramienta legal con la que contaba para exigirle a YPF la remediación de un daño acumulado durante más de un siglo.
"El daño ambiental es intransferible. Aquel que lo genera es responsable sobre ese daño y sobre el tratamiento que haya que hacer", explicó el ex subsecretario de Ambiente de Comodoro Rivadavia, Nicolás Coluccio, al anunciar en julio de 2025 una nueva ordenanza municipal sobre pasivos ambientales, apuntando directamente al caso del área Campamento Central, cedida por YPF a PECOM.
Qué significa un pozo sin sellar en medio de una ciudad
La normativa vigente establece que un pozo correctamente abandonado debe tener tres tapones de cemento, un dado de hormigón de un metro cúbico en la boca y una señalización visible. Además, ninguna construcción de carácter permanente puede levantarse dentro del radio mínimo de 60 metros alrededor de un pozo. Comodoro Rivadavia tiene más de 6.000 pozos perforados en su ejido municipal desde 1907. De esos, 3.700 están inactivos y una parte significativa fue abandonada con las técnicas precarias de décadas anteriores a esa normativa, sin sellado técnico adecuado y sin señalización.
Las consecuencias son concretas y cotidianas. En algunos barrios de zona norte, hay manzanas donde los vecinos no tienen gas porque están dentro del radio de seguridad de un pozo abandonado. Eso genera una restricción al dominio que afecta tanto al vecino como al desarrollo urbano de la ciudad.
Un pozo mal sellado no es solo un problema ambiental: es la razón por la que una familia no puede conectar el gas, escriturar su vivienda o solicitar una mensura de su terreno.
"Comodoro está asentada sobre una 'bomba ecológica', ya que tienen un radio de seguridad cero junto a las bocas de los pozos, cuando deberían contar con un radio de al menos 60 metros de distancia", describen desde la industria.
La escuela de Stella Maris: el caso que resume el problema
El caso más recordado del riesgo concreto que representan los pozos sin sellar en Comodoro Rivadavia ocurrió en el barrio Stella Maris. La Escuela 169 fue inaugurada en 1994, pero en 2001 empezaron a sentir olor a gas.
Allí se realizaron estudios en el suelo con quince perforaciones de un metro de profundidad para analizar filtraciones. No tardaron en descubrir el problema: la habían construido sobre tres pozos de petróleo no registrados y no sellados. Hubo que tirarla abajo. Tardaron 10 años en tener un nuevo edificio propio en otro sector del barrio.
El episodio no fue un accidente aislado: los planos municipales demuestran que cientos de edificios y viviendas se levantan sobre pozos abandonados que, a pesar de estar inactivos, representan un peligro latente.
Otro ejemplo fue la Escuela 197 del barrio Divina Providencia. Las autoridades de la institución se cansaron de enviarles notas a Repsol para solicitarle información sobre el estado de un pozo abandonado en el predio del colegio. A pesar de que en 2008 se intentó confeccionar un mapa digital de pozos dentro del ejido urbano, el proyecto quedó inconcluso, dejando a la ciudad sin una herramienta clave para la toma de decisiones.
Los booms petroleros y la ciudad que creció donde no debía
El problema del pasivo ambiental en Comodoro Rivadavia no se puede entender sin comprender cómo creció la ciudad. Cada vez que subió el precio internacional del barril de petróleo, llegaron miles de trabajadores migrantes que no encontraron vivienda disponible ni tierras accesibles. La respuesta histórica fue siempre la misma: la toma de tierras.
Existe una clara asociación entre boom petrolero y toma de tierras. Ante cada incremento en el precio internacional del barril de petróleo se produce una ola migratoria, el encarecimiento de los precios del suelo urbano y la vivienda, y nuevas tomas de tierras.
El segundo boom petrolero, que se extendió aproximadamente entre 2008 y 2014, fue el de mayor impacto reciente. Miles de familias se instalaron en tierras que nadie había relevado ni habilitado, muchas de ellas directamente sobre áreas de explotación histórica de YPF. El peso de las tomas en la espacialidad urbana ha sido enorme: la mayor parte de los actuales barrios populares, especialmente en la zona sur y oeste, crecieron mediante las dinámicas de autopromoción de la vivienda y la toma de tierras. El 75% de la población reside en dicha área. Muchos de esos asentamientos quedaron sobre pozos sin sellar o dentro de radios de seguridad que la normativa prohíbe construir.
"Los booms petroleros determinan la llegada de miles de migrantes que buscan una oportunidad laboral. Muchos de tales migrantes terminan residiendo en un asentamiento. La explicación reside en el modo en que se combina un mercado inmobiliario que impone precios prohibitivos sin ningún tipo de regulación estatal, con ordenanzas municipales que restringen el acceso a la tierra", analizó el investigador Santiago Bachiller.
Barrios que jamás podrán mensurarse
La consecuencia más silenciosa y duradera de ese proceso es la imposibilidad de regularización. Una mensura requiere verificar que el suelo está libre de pozos y de infraestructura petrolera activa o en abandono. En los barrios que crecieron durante el segundo boom sobre tierras con pozos sin sellar, esa verificación es imposible: los terrenos tienen pozos debajo, a su alrededor o atravesando sus lotes. Sobre muchos de esos pozos abandonados se construyeron escuelas, hospitales y otras edificaciones de las que las poderosas compañías se desentienden.
Esto significa que los vecinos de esos barrios no pueden escriturar sus viviendas, no pueden acceder a créditos hipotecarios, no pueden regularizar los servicios y no pueden exigir obras de infraestructura sobre suelo que legalmente no existe como urbano.
Desde el centro hacia el Km 5, hay alrededor de cinco mil pozos sobre los cuales se instaló la ciudad y crecieron los barrios; pozos que, si bien están registrados, no todos tienen el abandono como corresponde. Sobre esa realidad, el acuerdo firmado por Torres acaba de cerrar la única puerta que quedaba abierta para exigir soluciones.
Pese a la polémica, tendrá tratamiento exprés en la Legislatura
El Acta Acuerdo establece que la Provincia libera a YPF de responsabilidad por pasivos, hallazgos, cuestiones y situaciones ambientales de las seis áreas concesionadas. La liberación se hace extensiva al área Restinga Alí. Ningún organismo del Estado provincial podrá reclamar nada, en ningún momento.
Eso incluye a los gobiernos que vengan, a las legislaturas futuras y a cualquier organismo de control que pueda crearse. La condición es irrevocable y fue fijada sin que mediara una valuación económica independiente del daño real acumulado.
El municipio de Comodoro Rivadavia había avanzado en 2024 en una ordenanza sobre pasivos ambientales que buscaba precisamente lo contrario: definir claramente qué es el pasivo ambiental, establecer responsabilidades sobre esos pasivos, crear un Registro Municipal de Pasivos Ambientales y modificar el concepto para incluir también a los pozos mal abandonados que generan problemas ambientales y riesgos para las personas y para la salud. La ordenanza municipal y la renuncia provincial apuntan en direcciones opuestas.
La legislatura tendrá este jueves la responsabilidad de aprobar o no este convenio, sin posibilidad de modificarlo. El mismo ya tuvo dictamen de comisión y tiene las manos de todos los legisladores oficialistas, incluso los oriundos de Comodoro Rivadavia, para darlo por hecho.