Una familia imputada por el ataque de una perra Cane Corso a un niño de 6 años
La Justicia de Río Negro acusó formalmente a los dueños del animal por el delito de lesiones leves. La fiscalía remarcó el "deber de garante" de los cuidadores, mientras que el juez dispuso una medida cautelar para que la mascota no regrese al barrio durante el proceso
En una audiencia que tuvo lugar este viernes, la Justicia de Río Negro formuló cargos contra tres personas -un joven y sus padres- por su responsabilidad en el ataque de una perra de raza Cane Corso contra un niño de seis años en la ciudad de Catriel. El hecho, ocurrido el pasado 11 de noviembre de 2025, derivó en una investigación penal por el delito de lesiones leves.
Según el relato de la fiscalía, el incidente se produjo cuando el animal salió de la vivienda de los imputados, cruzó la calle y atacó a la víctima, quien circulaba en bicicleta. La perra logró derribar al menor, provocándole diversas heridas por arañazos y mordeduras.
La responsabilidad de los dueños
Durante la exposición, la fiscal de la causa fue contundente al señalar el incumplimiento del deber de supervisión por parte de los cuidadores. Argumentó que, al tratarse de un animal de una raza considerada potencialmente peligrosa, los dueños "asumieron su deber de garante" respecto a la integridad física de terceros.
"Debían mantener al animal resguardado y alejado de personas desconocidas, especialmente de niños", subrayó la parte acusadora, enfatizando que la falta de recaudos básicos permitió que el ataque se concretara en la vía pública.
La postura de la defensa y la resolución judicial
Por su parte, el defensor de la familia cuestionó la claridad de los hechos y la calificación legal elegida por el Ministerio Público Fiscal (MPF). En su intervención, solicitó al juez de Garantías que se dictara el cese de la investigación, considerando que la carátula no era adecuada para el caso.
Sin embargo, tras analizar los elementos presentados, el magistrado decidió homologar los cargos formulados. Además, dictaminó un plazo de cuatro meses para que se lleve a cabo la etapa de investigación penal preparatoria.
Como medida excepcional y para garantizar la seguridad de los vecinos, la jueza de Garantías impuso una medida cautelar que prohíbe el regreso de la perra al barrio mientras dure el proceso judicial.