Una jubilada que cobra la mínima y tiene seis hijos pasó 36 días presa por intentar llevarse un trozo de carne de un supermercado

La Justicia nacional tardó más de un mes en firmar la excarcelación de Estela Chávez, una mujer de más de 65 años que permaneció encerrada desde el 8 de octubre acusada de intentar sustraer comida cuando todavía estaba en la fila de las cajas. Con todo el peso del aparato penal descargado sobre la emergencia económica, el juzgado no solo la mantuvo detenida durante 36 días en una celda con otras cinco mujeres, sino que además condicionó su libertad al pago de una fianza de $150.000 que su familia tuvo que salir a reunir.

La historia, revelada por Marta Dillon en El Destape, retrata con crudeza sobre quiénes recae el rigor judicial en medio del derrumbe de los ingresos. Chávez vive en San Fernando, tiene seis hijos y sobrevive con la jubilación mínima. El 8 de octubre fue interceptada por los guardias de seguridad de un supermercado antes siquiera de cruzar la línea de cajas, acusada de tentativa de hurto por intentar llevarse un corte de carne.

Lo que habitualmente se resuelve sin encierro por tratarse de un delito menor en grado de tentativa y sin violencia se transformó en cinco semanas de detención. El 26 de octubre, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25 le dictó la prisión preventiva dentro de la causa CCC 52837/2026, en la que interviene la Defensoría Pública Oficial N.º 15. Recién este viernes 13 de noviembre el juzgado firmó la orden de excarcelación luego de que la familia de una jubilada que no llega a cubrir sus alimentos reuniera los $150.000 exigidos como caución para habilitar su salida de la alcaidía.

Según la reconstrucción del caso, la situación procesal de Chávez se complicó por la existencia de otra causa abierta en 2025, también iniciada por un presunto intento de llevarse comida. Desde marzo de 2025 rige la reforma del artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación, que ordena a los jueces ponderar la reiterancia delictiva al evaluar riesgos procesales sin necesidad de una condena previa. Sin embargo, al no haberse difundido los fundamentos de la resolución del 26 de octubre, todavía resta una explicación judicial clave: qué riesgo procesal concreto justificó mantener encerrada durante 36 días a una adulta mayor con domicilio fijo por una tentativa de hurto de alimentos y por qué se descartaron medidas menos gravosas.

La severidad de la medida cautelar se agravó por las condiciones en las que permaneció alojada. Chávez pasó más de un mes en la Alcaidía N.º 15 del barrio porteño de Chacarita, una dependencia diseñada para detenciones breves de pocas horas o días y no para sostener prisiones preventivas durante semanas.

De acuerdo con lo denunciado por su hijo, Mariano Franco, durante ese período no pudo visitarla y la mujer debió compartir celda con otras cinco detenidas en un ambiente con humo de cigarrillo que empeoró sus problemas pulmonares previos. En ese contexto de encierro sufrió además una infección urinaria por la que necesitó asistencia médica en dos oportunidades. Después de 36 días detenida por un corte de carne que ni siquiera llegó a sacar del supermercado, la Justicia recién firmó la orden para liberarla cuando su familia juntó los $150.000 de fianza.