UNPSJB: Humanidades expresa su respaldo a las comunidades mapuche frente a los desalojos

 El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) expresó su rotunda solidaridad con las comunidades originarias que enfrentan procesos de desalojo tanto en el ámbito nacional como en la zona patagónica. Desde la perspectiva del cuerpo académico, esta situación responde a una acción sistemática de despojo territorial y al desconocimiento de reclamos legítimos, fundamentados en la preexistencia de los pueblos originarios a los estados nacionales.

En su declaración, la facultad advirtió que estas políticas de violencia son impulsadas por administraciones nacionales y provinciales que favorecen la extranjerización de la tierra y la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales. Asimismo, criticaron la derogación del Decreto 805/21 y el fin del régimen de emergencia de la Ley 26.160, señalando que buscan criminalizar las acciones reivindicativas y anular el entendimiento. En la misma línea, cuestionaron la media sanción de la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", la cual -según el comunicado- facilita el desalojo forzado de las comunidades.

Ante este escenario, el Consejo Directivo instó a las autoridades provinciales y nacionales a frenar las medidas de persecución, despojo y criminalización, exigiendo la apertura de canales de comunicación orientados a reconocer el derecho ancestral de los pueblos.

Situación regional y judicialización

A nivel local, el pronunciamiento puso el foco en la situación de diversas comunidades territoriales que atraviesan procesos judiciales por defender sus tierras, entre las que se encuentran la Lof Kurache, la Pu Lof en Resistencia Cushamen, la Lof Paillako, la Lof Quemquemtrew, la Lof Cayunao, la Lof Sacamata Liempichun, la Lof Ngullupele Quichaura, la Lof Santa Rosa Leleke y la Lof Pranem.

El documento también hizo mención expresa a la Lof Melo, la cual logró resistir un intento de desalojo el pasado 19 de agosto, aunque permanece bajo amenaza. Por último, el cuerpo académico sostuvo que frente a un sistema judicial enfocado en resguardar la propiedad privada constituida tras el despojo territorial, resulta imperativa la primacía de una razón política justa y democrática.

Foto: Archivo