"Vayan a buscar panzas": condenaron a la exjueza de Pilar que captaba embarazadas para vender bebés
Alejandra Velázquez recibió una pena de tres años de prisión efectiva por cohecho agravado. Tras confesar que enviaba a asistentes sociales a "comprar" recién nacidos para parejas de alto poder adquisitivo, logró la libertad condicional y fue autorizada a viajar a España, pese a la oposición de la Fiscalía.
La trama de corrupción, impunidad y tráfico de influencias que conmovió al norte del Conurbano bonaerense sumó su capítulo final en los tribunales. La exjueza de Familia de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, fue condenada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y a seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, tras ser hallada culpable del delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública.
La sentencia fue dictada por el juez correccional de San Isidro, Andrés Mateo, quien homologó un juicio abreviado. El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Diego Molina Pico y la defensa de la exmagistrada, encabezada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola. En este proceso, Velázquez admitió las aberrantes maniobras que realizaba desde su despacho.
Una orden siniestra: "Vayan a buscar panzas"
Velázquez ya había sido destituida de su cargo en 2017 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerense debido a escandalosas irregularidades en los procesos de adopción a su cargo. Sin embargo, la investigación penal posterior reveló un trasfondo criminal aún más oscuro.
Según consta en el expediente, la exjueza confesó haberle ordenado a dos asistentes sociales de su confianza que recorrieran los asentamientos y barrios más humildes de Pilar con una misión explícita: detectar mujeres jóvenes embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad que estuvieran dispuestas a entregar a sus hijos a cambio de dinero.
"Vayan a buscar panzas", fue la frase literal que Velázquez les espetó a las trabajadoras sociales en su propio despacho, según declararon los testigos clave de la causa.
La maniobra consistía en montar una red de "adopciones exprés" donde los recién nacidos eran literalmente comercializados y entregados a matrimonios y parejas de alto poder adquisitivo de la zona, quienes pagaban importantes sumas de dinero para saltearse los carriles legales del Registro de Adoptantes.
Fuga, captura internacional en Valencia y un polémico beneficio
Cuando la Justicia reunió las pruebas suficientes para indagarla, Velázquez desapareció de los domicilios que había fijado, lo que activó una alerta roja de Interpol. Tras entrecruzar datos con la Dirección Nacional de Migraciones, se descubrió que había huido inicialmente hacia Gran Bretaña.
Finalmente, en julio de 2024, el Grupo de Búsqueda de Fugitivos de la Policía Nacional de España la localizó y la detuvo en la ciudad de Valencia, donde se había instalado para eludir a las autoridades argentinas.
Tras pasar meses en una prisión española, fue extraditada a la Argentina. Al poco tiempo de llegar, la Justicia le otorgó el beneficio del arresto domiciliario.
La paradoja del fallo se conoció inmediatamente después de firmada la condena de tres años: sus abogados defensores argumentaron que, computando el tiempo que estuvo presa en España y el lapso en prisión domiciliaria, la exjueza ya había cumplido el tiempo necesario para acceder a la libertad condicional.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez Mateo no solo le otorgó de inmediato la libertad condicional, sino que además la autorizó a viajar nuevamente a España, el mismo país donde se había escondido como prófuga. La decisión del magistrado se ejecutó a pesar de la rotunda y férrea oposición del Ministerio Público Fiscal, dejando un sabor amargo en una comunidad que vio cómo una jueza utilizó la vulnerabilidad de las madres más pobres para hacer negocios desde el estrado.
Con información de La Nación