YPF: alivio judicial por US$16.100 millones y una pregunta desde Comodoro: ¿qué queda para la cuenca que sostuvo a la petrolera?

La anulación de la condena multimillonaria representa una buena noticia para la Argentina y vuelve a poner en discusión el valor estratégico de haber recuperado el control estatal de YPF en 2012. Pero desde Comodoro Rivadavia, cuna de la petrolera, el balance tiene una contradicción difícil de esquivar: mientras la compañía concentra sus inversiones en Vaca Muerta, su retirada de los yacimientos convencionales bajo el gobierno de Javier Milei deja abierta una pregunta sobre el futuro de la región que contribuyó a construirla.

La jueza estadounidense Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra el Estado argentino, en cumplimiento de la decisión que había tomado en marzo la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. La resolución, conocida este martes, representa un avance judicial importante, aunque no significa que toda la controversia esté definitivamente terminada: los demandantes presentaron un pedido de revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que todavía debe decidir si interviene.

El resultado permite discutir la recuperación de YPF sin presentar aquella condena como una obligación inamovible. Tampoco corresponde convertir una decisión judicial sobre reclamos específicos en una aprobación automática de todas las decisiones políticas y económicas de 2012. La defensa de la recuperación estatal tiene fundamentos propios: permitió que la Argentina retomara el control de una herramienta central para orientar su desarrollo energético.

Desde esa perspectiva, la decisión impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como uno de sus principales protagonistas desde el Ministerio de Economía, fue acertada en términos estratégicos. La expropiación del 51% de las acciones pertenecientes a Repsol, aprobada por el Congreso mediante la ley 26.741, devolvió al Estado la capacidad de conducir la compañía y participar directamente en decisiones sobre inversión, producción y abastecimiento. Defender ese rumbo no exige desconocer sus costos ni dejar de examinar cómo se instrumentó.

El desarrollo de Vaca Muerta ofrece un argumento concreto. Su potencial era conocido antes de 2012, pero la YPF recuperada por el Estado tuvo un papel central en su expansión productiva. El acuerdo con Chevron de julio de 2013, que contemplaba desembolsos iniciales por aproximadamente US$1.240 millones, fue uno de los pasos para desarrollar los recursos no convencionales mediante una asociación con capital privado. El crecimiento posterior requirió tecnología, infraestructura, financiamiento y continuidad de inversiones a través de distintas gestiones.

Los resultados actuales muestran la dimensión alcanzada. En el segundo trimestre de 2026, YPF informó una producción promedio de 212.700 barriles diarios de petróleo shale, alrededor de un 47% más que un año antes. Ese segmento representó el 80% de su producción de crudo. La empresa que hoy encabeza esa expansión conserva el control estatal recuperado en 2012: ese antecedente no puede borrarse del balance por conveniencia partidaria.

Pero la historia de YPF no empezó en Vaca Muerta. Sus raíces están en Comodoro Rivadavia, donde el descubrimiento de petróleo del 13 de diciembre de 1907 dio origen a la explotación petrolera estatal que antecedió a la compañía. En 1910 se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia y, en 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, nació formalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Comodoro es su cuna histórica, no una referencia secundaria en su recorrido.

Por eso, la salida de YPF de sus yacimientos convencionales tiene aquí un significado que excede un cambio de operador. Bajo el actual gobierno de Javier Milei, la conducción de la compañía avanzó con una estrategia de desprendimiento de áreas maduras y concentración en los desarrollos no convencionales. La propia empresa presenta esa orientación como parte de su Plan 4x4 y de su objetivo de maximizar el valor para sus accionistas e inversores.

Un hecho resume ese cambio: el 21 de mayo de 2026, YPF comunicó el cierre de la cesión de Manantiales Behr a Pecom y San Benito Upstream. La operación incluyó la totalidad de la concesión de explotación convencional del área y la concesión de transporte asociada. No fue solamente un anuncio: la empresa informó que se habían cumplido las condiciones y obtenido las autorizaciones correspondientes.

Desde una mirada comodorense, ese retiro puede calificarse como un abandono estratégico de su cuna petrolera. Esa valoración tiene un sustento concreto en la decisión de dejar la explotación de áreas históricas y orientar las inversiones hacia otra cuenca. No significa que todos los pozos hayan dejado de producir ni que la llegada de nuevos operadores carezca de posibilidades. Significa que YPF decidió que el futuro de esos activos quedara en otras manos.

La discusión, entonces, es qué responsabilidad conserva una empresa controlada por el Estado frente a los territorios que contribuyeron a su desarrollo. La madurez de los yacimientos obliga a revisar costos, tecnologías e inversiones. Pero una política energética nacional también debe considerar a los trabajadores, las empresas de servicios y las ciudades cuya economía depende de esa actividad. La rentabilidad de un área importa; el futuro de una comunidad también.

El gobierno de Milei debe responder por esa orientación, del mismo modo que los nuevos operadores deben demostrar con inversiones, actividad y cumplimiento de sus obligaciones que la transición ofrece un horizonte productivo. A la Provincia le corresponde fiscalizar las concesiones y exigir compromisos verificables. El cambio de empresas no puede convertirse en una cadena de responsabilidades diluidas.

¿Qué inversiones sostendrán la actividad en la cuenca del Golfo San Jorge? ¿Qué lugar tendrán las contratistas locales? ¿Cómo se preservará el conocimiento de sus trabajadores? ¿Quién garantizará el cumplimiento de las obligaciones ambientales? ¿Qué participación tendrá Comodoro en los beneficios de una expansión energética nacional construida también sobre su historia?

Celebrar el alivio judicial y defender la recuperación de YPF impulsada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof es compatible con exigirle mucho más a su conducción actual. Recuperar el control estatal fue una decisión estratégica valiosa; utilizar esa herramienta con una mirada federal sigue siendo una obligación política. Comodoro no puede quedar reducida al lugar donde empezó la historia mientras el futuro se decide, se financia y se construye en otra parte.