A medio siglo del golpe, el reclamo por memoria y justicia se mantiene vigente en Chubut

 A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, distintas voces de Chubut y la Patagonia volvieron a poner en primer plano la importancia de sostener la memoria, la verdad y la justicia como pilares fundamentales de la democracia. 

Desde el ámbito judicial, académico, político y de los derechos humanos, coincidieron en que el terrorismo de Estado también dejó una huella profunda en la región y que ese pasado sigue interpelando al presente. Las reflexiones remarcaron que la represión no fue un fenómeno aislado de los grandes centros urbanos, sino que también tuvo impacto en ciudades como Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn. 

En ese sentido, destacaron el valor de los juicios de lesa humanidad que se llevaron adelante en la provincia, especialmente la Causa 8.008 en Comodoro, que permitió visibilizar el funcionamiento del aparato represivo en la zona. El abogado de derechos humanos Eduardo Hualpa sostuvo que la dictadura inauguró una etapa de extrema violencia en el país y recordó que en Chubut también hubo centros clandestinos de detención, torturas, desapariciones y muertes. 

En ese marco, advirtió sobre los intentos actuales de relativizar o justificar hechos que ya fueron probados en la Justicia. Por su parte, la referente de derechos humanos Silvia Pechi insistió en que la consigna "Dónde están" continúa vigente, ya que aún persisten pactos de silencio y existen interrogantes sin resolver sobre el destino de personas desaparecidas.

Además, señaló que el paso del tiempo no reduce la responsabilidad del Estado en la búsqueda de verdad y justicia. Desde el ámbito académico, distintos investigadores subrayaron que la discusión sobre la dictadura no pertenece únicamente al pasado. El politólogo Sebastián Barros planteó que el retroceso de las ideas de verdad y justicia, junto con el avance de discursos negacionistas, vuelve a poner en debate cuestiones que parecían saldadas en democracia.

En la misma línea, la docente e investigadora Natalia Álvarez advirtió sobre la falta de políticas públicas de memoria en la región y la necesidad de generar espacios que permitan transmitir el pasado reciente a las nuevas generaciones. Según explicó, cuando esos debates no se sostienen desde el Estado y las instituciones, otros relatos ocupan ese lugar.

También desde el ámbito universitario remarcaron el rol de la investigación y la producción académica para reconstruir lo ocurrido en la Patagonia. Historiadores como Gabriel Carrizo, Guadalupe Díaz y Daniel Cabral Marques coincidieron en que los juicios, los testimonios y los archivos han permitido demostrar que en la región existió un entramado represivo con características propias. 

Otro de los ejes presentes en las reflexiones fue el impacto económico y social de la dictadura. Algunos especialistas señalaron que el golpe no solo implicó la persecución de personas, sino también la implementación de un modelo económico que afectó profundamente a los sectores trabajadores y que dejó consecuencias que aún se perciben.

Además, se destacó la necesidad de incorporar otras miradas al análisis del período, como la situación de los pueblos originarios, la persecución a comunidades chilenas en la Patagonia y las experiencias de distintos sectores sociales atravesados por la represión. A medio siglo del golpe, las distintas voces coincidieron en que la memoria no debe limitarse a una conmemoración, sino que debe ser una herramienta activa para comprender el presente. En ese sentido, remarcaron que sostener la verdad histórica, avanzar en los procesos judiciales y rechazar cualquier forma de negacionismo resulta fundamental para fortalecer la democracia. 

Finalmente, advirtieron que el desafío no solo es recordar lo ocurrido, sino también garantizar que las nuevas generaciones conozcan esa historia y puedan interpretarla críticamente, en un contexto donde los discursos sobre el pasado vuelven a estar en disputa. 

Fuente: El Extremo Sur