Chubut: Una banda que operaba desde la cárcel habría obtenido $60 millones en una red de sextorsión

Una red de sextorsión y estafas que operaba desde el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Chubut y habría acumulado ganancias superiores a los 60 millones de pesos en apenas un año, está siendo formalmente investigada. A pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito, la jueza de garantías Eve Ponce abrió la investigación contra 25 personas imputadas por numerosos delitos, muchos de ellos coordinados por tres reclusos que lograron ingresar clandestinamente celulares y chips al centro de detención.

La organización delictiva, liderada desde el penal por los internos E.G.R. y L.A.O. junto a otros detenidos y colaboradores en libertad, actuaba desde antes de octubre de 2023. 

Su modus operandi consistía en tres etapas clave: primero, contactar a las víctimas a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp o Messenger, utilizando perfiles y fotos falsas. Luego, se intercambiaban y obtenían fotos íntimas de alto contenido sexual de las víctimas. Finalmente, se iniciaba la extorsión, exigiendo transferencias de dinero bajo amenaza de iniciar acciones judiciales o publicar el material íntimo en redes sociales. En muchos casos, las extorsiones continuaban incluso después de obtener el dinero, llegando a falsificar documentación judicial con nombres de funcionarios reales para intimidar a las víctimas.

El fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal de Cibercrimen y Ciberdelito, acompañado por su equipo de trabajo (Vanesa Pérez y el ingeniero en informática Germán Flores), confirmó la complejidad de la investigación, que lleva más de un año. Se ha procesado una vasta cantidad de información obtenida de celulares secuestrados, así como de movimientos financieros en bancos y billeteras virtuales, revelando la magnitud de las transferencias.

Hasta el momento, se han documentado al menos doce casos específicos de extorsiones y estafas. Entre los más impactantes, se reveló el caso de una víctima que transfirió más de $5.800.000, y otro especialmente grave donde una persona llegó a transferir un total de $38.675.000. Las cuentas receptoras de estos fondos estaban a nombre de allegados a los internos, como familiares o parejas, quienes se encargaban de redistribuir el dinero rápidamente. Además, la organización utilizaba los datos y fotos de DNI de las víctimas para cometer nuevos ilícitos.

Los hechos han sido calificados provisoriamente como asociación ilícita, extorsión y estafa, algunas en grado de tentativa. Se han individualizado a los presuntos líderes, organizadores y partícipes secundarios, con roles específicos tanto dentro como fuera del penal. El Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación de la investigación preparatoria y la notificación a los nuevos imputados.

La organización no se limitaba a la sextorsión. También utilizaban plataformas como Facebook Marketplace para ofrecer productos ficticios, como casillas rodantes y bicicletas. Una vez que las víctimas mostraban interés, eran derivadas a conversaciones por WhatsApp con los internos, quienes se hacían pasar por vendedores y solicitaban pagos por adelantado, señas o costos de traslado sin entregar nunca el supuesto bien, en otra modalidad de estafa coordinada desde el IPP.

La audiencia de apertura y ampliación de investigación se llevó a cabo con algunos imputados presentes en la Oficina Judicial de Rawson, mientras que otros participaron vía Zoom desde distintas comisarías de Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y desde el propio Instituto Penitenciario Provincial. Algunos imputados no se presentaron ni se notificaron, por lo que se solicitó la compulsa por la fuerza pública para una nueva audiencia este miércoles, con el fin de que tomen conocimiento de los hechos que se les imputan. Los defensores, Carlos del Mármol, Abdo Manyauik, Damián D'Antonio, Miguel Moyano y Miguel Lugo, no se opusieron a la apertura de la investigación.