Comodoro: reabren una causa por abuso sexual infantil digital por orden del Superior Tribunal

En una resolución de gran impacto para la lucha contra los delitos digitales en la provincia, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut decidió dar marcha atrás con un fallo previo y reactivar una causa de extrema gravedad. El máximo tribunal hizo lugar parcialmente a una impugnación presentada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, liderada por el Dr. Fernando Rivarola, dejando sin efecto el beneficio de prescripción que pesaba sobre Pedro Enrique Velázquez. De esta manera, el hombre que había sido sobreseído en 2020 volverá a foja cero para enfrentar un nuevo juicio oral y público por la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La decisión de los jueces se fundamentó en la detección de falencias críticas en la etapa anterior de la investigación. El tribunal consideró que no se había realizado una evaluación integral de las pruebas reunidas, omitiendo elementos técnicos que vinculaban directamente al imputado con las maniobras delictivas. Entre estos factores decisivos se encuentran la coincidencia del número de IMEI del dispositivo analizado, la titularidad confirmada de las líneas telefónicas y el resultado de los allanamientos en el domicilio del acusado en Comodoro Rivadavia, donde el secuestro del teléfono permitió atribuir la autoría de los delitos cometidos a través de plataformas digitales.

Un punto neurálgico del fallo radica en cómo la Justicia entiende ahora el almacenamiento de estos archivos. Los magistrados subrayaron que la posesión de material de abuso sexual infantil debe ser considerada una conducta única y continua, rechazando cualquier intento de fragmentar el delito según el soporte donde se encuentre guardado. La investigación fiscal sostiene que Velázquez no solo almacenaba contenidos, sino que participaba activamente en grupos de intercambio y enviaba videos de menores en situaciones sexuales explícitas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Messenger.

Durante los operativos realizados en su momento, las fuerzas de seguridad hallaron un arsenal de pruebas que ahora recuperan validez procesal: un celular con decenas de fotografías y videos de niños menores de 13 años, además de pendrives y más de veinte discos ópticos con contenido ilícito. Con esta reactivación de la causa, la Justicia chubutense envía una señal contundente sobre la imprescriptibilidad de hecho en casos donde las evidencias digitales son sólidas, asegurando que la protección de la integridad infantil prevalezca sobre tecnicismos procesales que habían favorecido al imputado.