Conflicto en la Ruta 12: entre un vacío legal, reclamos territoriales y denuncias cruzadas

Un tramo asfaltado que nunca llegó a consolidarse como ruta pública y un pórtico con vallado colocado por la dueña del campo que atraviesa, se convirtió en el centro de un conflicto que expone tensiones de larga data en la zona cordillerana de Chubut. El caso, ubicado en cercanías del paraje La Cancha, sobre la traza proyectada de la Ruta Provincial N° 12, combina un vacío legal, reclamos territoriales y versiones contrapuestas sobre el uso y acceso al lugar.

Un camino que nunca fue ruta

Vialidad Provincial se vio obligado a emitir un informe técnico-legal cuando el conflicto escaló a nivel nacional. Allí expresa que la obra ejecutada entre 2005 y 2009 nunca fue acompañada por el proceso legal necesario para su consolidación como vía pública, es decir la expropiación del campo.

El organismo sostiene que, si bien se construyó la calzada, nunca se concretó la expropiación ni la cesión formal de las tierras, por lo que el tramo quedó en un "limbo administrativo". En términos jurídicos, esto implica que el suelo continúa siendo de dominio privado y que no existe servidumbre de paso registrada a favor del Estado.

En ese marco, Vialidad fue contundente: el organismo no tiene jurisdicción sobre el sector y, por lo tanto, no puede intervenir. Incluso avaló que la instalación de un pórtico y una tranquera por parte de los propietarios constituye una acción legítima de delimitación de la propiedad.

La denuncia: "Se están quedando con una ruta"

Desde las comunidades mapuches, la lectura es completamente distinta. En diálogo con Abcradio, el lonko Mauro Millán denunció que el avance sobre el predio implica, en los hechos, la apropiación de un camino que consideran público.

Según su relato, el conflicto no es solo jurídico sino también social: asegura que dos familias de la zona quedaron aisladas tras el cierre del paso, obligadas incluso a "atravesar alambrados para poder circular". Entre ellas, mencionó a la familia Castillo, de origen mapuche.

Millán también cuestionó que la infraestructura -financiada con fondos públicos- esté siendo utilizada como acceso privado, y vinculó el caso con un proceso más amplio de concentración y extranjerización de tierras.

Además, cuestionó que "no se mide con la misma vara. El año pasado el gobernador Torres junto al ministro Iturrioz nos hicieron 14 allanamientos a las comunidades que quedaron en la nada porque eran mentiras y ahora ni siquiera intervienen", concluyó.

La respuesta de la propietaria

Por su parte, la dueña del campo, Luciana Zárate, rechazó las acusaciones y aseguró que en ningún momento se bloqueó el paso.

Según explicó, la tranquera colocada en el predio permanece abierta y sin candado, y su instalación respondió a problemas de seguridad y daños en la propiedad.

"Es mentira que dejé a gente aislada", afirmó, y remarcó que incluso vecinos de la zona continúan transitando con normalidad.

Zárate también cuestionó la existencia misma de la ruta: sostuvo que no está registrada oficialmente y que nunca hubo expropiación. "Yo compré el campo así hace dos años", indicó, respaldándose en la documentación dominial que acredita la propiedad desde 1975.

En ese sentido, denunció hostigamiento por parte de algunos sectores y expresó preocupación por amenazas recibidas a través de redes sociales.

Un conflicto sin resolución

El caso pone en evidencia un problema estructural: obras públicas inconclusas que, al no completar su proceso legal, generan situaciones de incertidumbre sobre el uso del territorio.

Mientras Vialidad condiciona cualquier intervención a la regularización dominial -un proceso actualmente paralizado-, en el terreno la tensión crece.

Por un lado, los propietarios ejercen su derecho sobre un predio legalmente reconocido como privado. Por otro, comunidades y pobladores denuncian que ese mismo espacio cumple una función social como vía de acceso.

En el medio, el Estado aparece corrido de la escena, sin herramientas -o sin decisión- para resolver un conflicto que combina derechos individuales, necesidades colectivas y una obra inconclusa en la que se invirtió en vano recursos de los chubutenses.