Conflicto en Santa Cruz: mineros de otras provincias denuncian discriminación en los controles laborales
Trabajadores aseguran que los nuevos operativos provinciales vulneran derechos laborales y generan incertidumbre en las empresas mineras. El Gobierno defiende la medida y afirma que busca garantizar empleo local.
Un fuerte malestar se generó entre trabajadores mineros de distintas provincias que ingresaron esta semana a Santa Cruz, luego de que fueran sometidos a controles en los accesos por la Ruta Nacional N°3 y otros puntos de ingreso. Los operativos -que incluyen la verificación de residencia y datos personales- son parte de una política provincial que establece que el 90% de los empleos mineros deben ser ocupados por residentes santacruceños.
Los mineros denunciaron que las medidas son discriminatorias y arbitrarias, ya que muchos de ellos trabajan hace años en los yacimientos locales sin haber tramitado residencia formal. Algunos relataron que fueron retenidos durante horas mientras se corroboraban sus datos y expresaron temor por perder sus empleos ante las nuevas restricciones.
"Nos sentimos desplazados después de haber dejado familia y hogar para venir a trabajar acá. Ahora nos dicen que no pertenecemos", lamentó uno de los trabajadores afectados durante los controles.
Los controles comenzaron a aplicarse esta semana como parte de una resolución provincial que busca "proteger el empleo local y garantizar que la riqueza minera beneficie a las comunidades santacruceñas". Según voceros oficiales, el objetivo es revertir una situación histórica en la que muchos puestos calificados eran ocupados por personal de otras jurisdicciones.
Sin embargo, en los campamentos mineros y ámbitos sindicales, la medida genera preocupación. Desde distintos sectores advirtieron que la falta de claridad en los criterios de aplicación podría derivar en conflictos si no se abre un canal de diálogo entre el Gobierno, las empresas y los trabajadores.
El malestar también se hizo sentir entre las compañías contratistas, que dependen de mano de obra proveniente de diferentes provincias y temen que el requisito de residencia afecte el normal funcionamiento de los yacimientos.
Mientras tanto, el clima en los campamentos se vuelve cada vez más tenso, y los mineros reclaman una respuesta oficial que defina si podrán continuar trabajando bajo las nuevas condiciones impuestas.
