"Dos muertes dudosas de niños en menos de un mes en Comodoro": piden investigar responsabilidades del Estado

La trabajadora social y directora del Ce.Vi.F (Centro contra la Violencia Familiar y Procapi), Silvia Luz Clara, expresó su preocupación tras la muerte de un niño en Comodoro Rivadavia y lanzó una fuerte advertencia sobre el sistema de protección de la niñez.

En diálogo con el programa Actualidad 2.0 de Radio del Mar, la profesional fue contundente al referirse al contexto en el que ocurrió el caso.

"Estamos hablando de dos muertes dudosas de niños pequeños en menos de un mes", afirmó.

Según explicó, se trata de situaciones que deben ser analizadas en profundidad, especialmente cuando hubo intervención previa de organismos estatales.

"Es una situación judicializada, donde intervenían organismos del Poder Judicial y del Ejecutivo, como la asesoría de familia y equipos técnicos", señaló.

Pedido de informes y responsabilidades

Luz Clara indicó que solicitarán informes a la Oficina de Derechos y Garantías para determinar si se cumplieron los protocolos correspondientes.

"Cuando los organismos que deben proteger los derechos de niños y adolescentes no cumplen su función, hay que investigar responsabilidades", sostuvo.

En ese sentido, explicó que ese organismo es el encargado de evaluar el accionar del sistema.

"Es el lugar donde se puede recurrir para pedir informes sobre si el niño fue evaluado como corresponde", detalló.

Dudas sobre decisiones previas

Uno de los puntos centrales del planteo tiene que ver con el proceso previo que atravesaba el menor.

"Había una delegación voluntaria de la madre y luego una intención de revinculación. Eso requiere un proceso acompañado, no puede hacerse de un día para el otro", advirtió.

Además, remarcó la necesidad de evaluar las condiciones en las que se toman esas decisiones.

"No es que se saca a un niño de un contexto y se lo pone con otro progenitor sin evaluaciones previas", afirmó.

Críticas al sistema

La directora del Ce.Vi.F también cuestionó el funcionamiento institucional.

"La Oficina de Derechos y Garantías no está en una situación regular, está intervenida desde hace más de un año", indicó.

En ese marco, sostuvo que deben analizarse responsabilidades tanto profesionales como políticas.

"Se deben distinguir responsabilidades a nivel profesional y también político", expresó.

Finalmente, insistió en que el caso no debe quedar sin respuestas.

"Vamos a insistir para que esto no quede como una muerte más y para prevenir situaciones similares", concluyó.