Gravísima denuncia del intendente de Rawson, Damián Biss, por aprietes políticos y judiciales en Chubut: "Es tremendo lo que está pasando"
Las declaraciones de Damián Biss sacudieron de lleno el tablero político chubutense. El intendente de Rawson no habló de una simple diferencia de gestión ni de una interna menor: denunció una "maniobra organizada" con intencionalidad política y mediática, cuestionó directamente el uso del Estado y fue más lejos aún al afirmar que "se están utilizando los servicios de justicia para aleccionar". En una provincia atravesada por la desconfianza hacia sus instituciones, la acusación es de una gravedad enorme.
Biss aseguró además que se están utilizando "fondos del Estado, tiempo y herramientas para engañar a la gente con noticias falsas o distorsionadas", en un cuadro que, según describió, no solo busca desgastar a dirigentes políticos, sino también instalar operaciones públicas, amplificar denuncias y empujar un clima de presión sobre quienes no se alinean. Y ahí aparece un punto todavía más inquietante: cuando un intendente denuncia que se pretende disciplinar a través de la Justicia, pero además menciona a "pseudo periodistas" y páginas que "desinforman", lo que aparece no es solo una pelea política, sino algo más incómodo: la sospecha de una avanzada contra periodistas, medios y voces críticas.
Ese es, quizás, uno de los núcleos más delicados de toda la conferencia. Porque si el aparato estatal, recursos públicos y engranajes judiciales o mediáticos se utilizan para "aleccionar", no se estaría buscando solamente ordenar a la clase política. También se estaría marcando la cancha a quienes informan, opinan o exponen lo que incomoda al poder. Y eso ya no es apenas una disputa partidaria: es un problema serio para la libertad de expresión y para la calidad democrática de Chubut.
Biss no se quedó en generalidades. Dijo que hay actores que se repiten, denuncias que aparecen con sincronización llamativa y páginas o espacios que rápidamente masifican determinadas acusaciones. Habló incluso de documentación vinculada a asesores legislativos, funcionarios y operadores que, según sostuvo, no informan sino que desinforman y buscan desestabilizar. Aunque evitó dar nombres en algunos casos, el mensaje político fue contundente: para el intendente, detrás de lo que ocurre hay una estructura organizada, con roles definidos y objetivos claros.
La denuncia pega de lleno en el corazón institucional de la provincia. Porque si se usan resortes del Estado para perseguir, desgastar, disciplinar o instalar operaciones, entonces el poder deja de estar al servicio de la sociedad y pasa a ser una herramienta de presión. Y si además se involucra a la Justicia en ese mecanismo, la situación se vuelve todavía más grave. No solo por el posible daño político, sino porque se desnaturaliza la función de organismos que deberían actuar con independencia, imparcialidad y apego a la ley.
En ese marco, Biss remarcó que este tipo de situaciones generan gastos innecesarios y afectan el trabajo de los fiscales, desviando tiempo y recursos en medio de un contexto social y económico delicado. Además del ruido político, habría un costo institucional concreto. Mientras la gente enfrenta problemas salariales, servicios deficientes, falta de obra pública y angustia económica, parte de la energía del Estado estaría puesta -según su denuncia- en operaciones, expedientes y maniobras de desgaste.
El intendente también vinculó este escenario con el cuadro financiero que atraviesa Rawson. Señaló dificultades para cobrar impuestos con normalidad, obstáculos para acceder a herramientas de financiamiento y trabas que, a su entender, no pueden leerse por fuera del clima político. Por eso su frase final tuvo un peso especial: "No nos van a disciplinar ni económica, ni política ni judicialmente". No fue una consigna suelta. Fue la síntesis de una denuncia que mezcla presión institucional, condicionamiento financiero, operaciones mediáticas y judicialización.
Lo que describió Biss obliga, como mínimo, a una reflexión de fondo. Porque una de dos: o el intendente está diciendo la verdad y entonces estamos frente a un escándalo institucional gravísimo, o está formulando una acusación extremadamente seria que debería ser respaldada con pruebas contundentes. Lo que no puede pasar es que una denuncia de este calibre quede atrapada en el barro habitual de la política chubutense, donde todo se dice, todo se insinúa y casi nada se esclarece.
En una provincia con demasiados antecedentes de crisis, sospechas y deterioro institucional, naturalizar este tipo de acusaciones sería un error enorme. Si el disciplinamiento alcanza no solo a dirigentes, sino también a periodistas, medios y voces críticas, entonces ya no estamos hablando de una interna de poder. Estamos hablando del estado de la democracia en Chubut.





