Informe exclusivo: el "curro" de Chubut ART que involucra al gobernador Torres y el Grupo Varadero
El "autoseguro" que no existe: más gasto, menos protección y un lobby millonario detrás de escena. Lo que el gobernador Ignacio Torres presentó en julio de 2025 como un "hito histórico" hoy recibe duros cuestionamientos por no funcionar, mientras la empresa contratada ya estaría cobrando.
Un autoseguro provincial para riesgos del trabajo que ahorraría más de $1.000 millones anuales, redirigidos a educación y seguridad según el propio gobernador Ignacio Torres- se desmorona bajo escrutinio: es un esquema tercerizado a una empresa privada ligada al PRO, con cobertura incompleta, denuncias de ilegalidad y un flujo de fondos que beneficiaría a un puñado de empresarios.
El decreto 881/2025 adjudicó a Río Varadero S.A. (CUIT 30-70965249-0), del Grupo Varadero controlado por Marcos Podestá, la administración de prestaciones médicas bajo la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. Esto implica un desembolso del 1,10% de la masa salarial bruta de unos 46.000 empleados públicos provinciales -actualizados por el censo de noviembre 2024-, saliendo directamente del presupuesto de la provincia.
Mientras el gobierno celebra el fin del "curro de los seguros", sindicatos como ATE y Atech y miembros del directorio del propio ISSyS alertan que desde el 1° de agosto, miles de estatales -incluidos docentes y personal de salud- quedaron sin afiliación vigente a una ART real, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Los accidentados siguen recurriendo a SEROS, la obra social estatal, que asume costos no previstos.
Del "autoseguro" prometido a un negocio tercerizado
El decreto 881/2025, publicado en el Boletín Oficial provincial, adjudicó la Licitación Pública N° 02/25-EC a Río Varadero S.A. para "contratar una operadora de las prestaciones médicas" de la ART provincial. El contrato estipula un pago fijo del 1,10% sobre la masa salarial bruta total, que incluye aportes previsionales. Basado en datos oficiales del Ministerio de Economía de Chubut para agosto 2025 -masa bruta de $130.940 millones-, esto genera:
Curiosamente, pese a la adhesión a la Ley de Autoseguro (que permite a provincias gestionar su propia ART vía entidades públicas como ISSyS), el gobierno optó por externalizarlo a un privado. Río Varadero subcontrata servicios a Colonia Suiza ART -también del Grupo Varadero-, limitándose a prestaciones médicas.
De esta manera, indemnizaciones por incapacidad, fallecimiento o salarios durante licencias siguen a cargo del Estado, generando un "gasto doble" y exponiendo a la provincia a juicios laborales masivos.
Lo que agrava el escándalo: Prevención ART (del Grupo Sancor), que operaba en Chubut hace más de una década con la oferta más económica, fue excluida de la licitación sin justificación clara. Fuentes sindicales señalan irregularidades en el proceso, que podría derivar en impugnaciones judiciales.
Además, este esquema híbrido incumple la Resolución SRT N° 3528/2015 ( https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/254808/texto ), que exige a los autoseguros públicos una Unidad Ejecutora con autonomía integral para todas las prestaciones (monetarias y en especie), sin fragmentaciones que deleguen parcialmente las responsabilidades a privados, garantizando una estructura propia para la gestión completa del sistema.
"Sin ahorro real y con cobertura "fantasma"
El diputado Juan Horacio País (Arriba Chubut), uno de los primeros en alzar la voz, fue tajante sobre las irregularidades: "Se paga el 1,10% de la masa salarial solo para cubrir prestaciones médicas, mientras las indemnizaciones por incapacidad siguen a cargo del Estado. En vez de un ahorro, es un negocio para Río Varadero S.A. y un gasto doble para la provincia". País propuso alternativas como un fideicomiso público en el ISSyS -sin fines de lucro- que integrara todo el espectro de coberturas, ahorrando al menos $500 millones anuales en comisiones privadas.
Rosa Contreras, vocal por los pasivos del ISSyS y referente de jubilados de la cordillera, elevó la denuncia al plano de la "ART fantasma": "Nadie sabe si ya le pusieron la plata. Lo único que sabemos es que desde el 1° de agosto los trabajadores estatales quedaron sin ART".
En una respuesta oficial de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo a Atech (sindicato docente), se confirmó: "El CUIT del Ministerio de Educación no posee afiliación vigente con una ART" y "ART Chubut no sería una ART o un autoseguro", lo que evidencia que el esquema no se ajusta a la reglamentación vigente de la Superintendencia. "Los accidentados, como un docente de Esquel con fractura laboral en septiembre, terminan en SEROS, que ya gasta $2.500 millones extras anuales en atenciones no ART -un 15% de su presupuesto desviado".
ATE Madryn, por su parte, cuestionó el "autoseguro" como un reemplazo precario que viola la Ley 24.557, exponiendo a 46.000 estatales a riesgos sin prevención ni rehabilitación integral. El impacto fiscal: potenciales demandas por $300-500 millones en indemnizaciones no cubiertas, según estimaciones de Atech.
El lobby de Marcos Podestá: De los seguros a la Patagonia PRO
Marcelo Podestá, contador y líder del Grupo Varadero -con intereses en seguros, farmacéuticas y petróleo-, impulsa un lobby ligado al PRO para favorecer esquemas de autoseguro en la Patagonia. En Chubut, su influencia se ve en aportes a campañas como la de Rolando Figueroa y nexos con el entorno de Torres. Con facturación de $15.000 millones en 2024, Río Varadero administra fondos públicos y posiciona a Colonia Suiza como proveedora exclusiva, explorando expansiones en Santa Cruz y Tierra del Fuego, según la investigación realizada por el portal Letra P.
Tres Efectos Nocivos para los Chubutenses
1. Más Costo para el Estado: $17.284 millones anuales a privados, sin los $1.000M de "ahorro" prometidos -que se evaporan en juicios y desvíos a SEROS.
2. Menos Cobertura: Solo médico; sin salarios ni indemnizaciones, violando la ley y dejando a miles (docentes: 12.000; salud: 8.000) desprotegidos desde agosto.
3. Falsa Autonomía: En vez de un ISSyS fortalecido, un lobby PRO terceriza el control, con Podestá como beneficiario.
En este escándalo confluyen muchos pecados políticos, pero hay uno que sintetiza mejor que ninguno el espíritu de este acuerdo: la gula. La mesa está servida y los comensales son claros: el gobernador Ignacio Torres y el empresario Marcos Podestá. Con un apetito insaciable, se disponen a devorar el plato principal: los recursos de los chubutenses.







