Nuevo tarifazo en puerta: el impacto del GNL y los errores de la planificación del Gobierno
La administración de Javier Milei enfrenta el encarecimiento del gas importado y se anticipa un nuevo ajuste en luz y gas. Con Vaca Muerta solamente no alcanza y el invierno será critico con las subas de costos y menor margen fiscal.
Los días más fríos del año traerán un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores. El invierno expone un problema que el Gobierno ya no puede esquivar: el impacto de la suba del GNL en las tarifas será directo y, en parte, consecuencia de la falta de planificación por parte de la Secretaría de Energía. Es decir, la administración de Javier Milei no logró anticipar la magnitud de la demanda estacional.
La decisión de frenar la privatización de las compras de GNL para el invierno dejó en evidencia una vez más lo improvisado que es el manejo del Gobierno nacional. Con un mercado internacional en alza y menor margen fiscal, el Ejecutivo enfrenta ahora la necesidad de cubrir el faltante con importaciones más caras.
El resultado de esa combinación es un escenario que se traduce en un nuevo tarifazo en las facturas de luz y gas. Con el descontento social en aumento, el Gobierno busca evitar pronunciar la palabra tarifazo o ajuste. Sin embargo, la presión sobre los costos ya está instalada y se trasladará, en mayor o menor medida, a usuarios y sectores productivos.
Importaciones más caras, menor margen
De acuerdo con la consultora Economía & Energía, las importaciones de GNL y gasoil crecerán cerca de un 30% impulsadas por la guerra en Medio Oriente. Este factor externo encarece el abastecimiento en un momento en que la Argentina necesita asegurar volúmenes críticos.
Si bien el mayor aporte del gas de Vaca Muerta permite amortiguar parte del impacto, no alcanza para neutralizarlo. La producción local crece, pero no logra compensar completamente la dependencia de combustibles importados en los picos de consumo invernal.
Es decir, el costo del gas natural para el invierno treparía a 5,3 dólares por MMBTU, un aumento cercano al 4% interanual. En paralelo, el precio de la electricidad también sube, reflejando el encarecimiento de los combustibles utilizados en la generación.
El traslado a tarifas, inevitable
En el sector eléctrico, el costo monómico de la energía pasaría de 94 a 101 dólares por MWh, lo que implica un incremento del 7,5%. Este dato resulta central porque define el nivel de subsidios que deberá sostener el Estado o trasladar a las tarifas.
La consultora que dirige Nicolás Arceo advirtió que el impacto final dependerá de cómo se distribuya el GNL importado entre los distintos segmentos de demanda. La decisión política sobre esa asignación será clave para definir quién absorbe el ajuste.
En principio, el consumo de GNL se concentraría en generación eléctrica e industria, sectores con mayor capacidad de pago relativo. Sin embargo, la falta de definiciones claras sobre precios y asignación mantiene abierta la incertidumbre en todo el sistema energético.
Producción local y señales mixtas
El crecimiento de Vaca Muerta aparece como un factor positivo, pero no alcanza para cubrir la demanda local. Durante el último año se registró una caída en la producción de shale gas seco, en parte desplazada por el avance del shale oil, que ofrece mejores márgenes económicos.
No obstante, el primer trimestre de 2026 mostró una recuperación, con un aumento significativo en la cantidad de pozos conectados respecto del mismo período del año anterior. Este dato sugiere una reacción del sector, aunque todavía insuficiente para cubrir toda la demanda.
El problema de fondo persiste: la falta de coordinación entre oferta local y demanda estacional obliga a recurrir a importaciones en condiciones menos favorables. Ese desbalance es el que termina presionando sobre los costos y, finalmente, sobre las tarifas.
Subsidios y el impacto social
El nuevo esquema de subsidios al gas en garrafas introduce cambios relevantes al reemplazar el precio de referencia por un sistema de reintegros. La medida busca ordenar el gasto, pero también reduce la cobertura frente a la suba de precios.
Actualmente, el Estado reconoce $9.593 por garrafa de 10 kg, con actualizaciones vinculadas al butano. Durante los meses de mayor demanda se entregan dos unidades mensuales, mientras que en el resto del año el beneficio se reduce a una sola.
Sin embargo, los valores de mercado superan ampliamente ese monto. Según datos oficiales, el precio de una garrafa de YPF superaba los $20.000, lo que deja en evidencia una brecha que deberán cubrir los usuarios, especialmente en los sectores más vulnerables.





