Quedó firme la condena contra Cecilia Torres Otarola por la Causa "Ñoquis calientes"

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó las condenas dictadas en la causa conocida como "Ñoquis Calientes" al rechazar los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cecilia Torres Otarola y los demás imputados.

La resolución ratificó la sentencia emitida por la Cámara en lo Penal de Trelew, que había condenado a la exministra de Desarrollo Humano y Familia por los delitos de concusión y fraude a la administración pública.

La investigación y el juicio estuvieron a cargo del fiscal general Omar Rodríguez, actual titular de la Fiscalía de Trelew.

Según determinó la Justicia, cuando se desempeñaba como diputada provincial, Torres Otarola exigía a sus asesores legislativos la entrega de aproximadamente el 50% de sus salarios. Esos fondos eran canalizados a través de terceros y transferidos a cuentas vinculadas a la entonces legisladora.

El Superior Tribunal consideró acreditado que esa conducta configuró el delito de concusión, al tratarse de una exigencia abusiva realizada en función del cargo que ocupaba.

Además, durante su gestión como ministra, la exfuncionaria designó en cargos jerárquicos a Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, quienes residían en Buenos Aires y, según la investigación, nunca cumplieron funciones efectivas.

Para los jueces, esas incorporaciones constituyeron un fraude a la administración pública, ya que se utilizaron designaciones con supuesta idoneidad para incorporar personas al sistema de haberes provincial sin que realizaran tareas laborales.

Con esta decisión, quedó firme la condena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y las costas del proceso para Torres Otarola.

También quedaron firmes las condenas contra Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, quienes recibieron penas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

El fallo del Superior Tribunal pone fin a las instancias provinciales de revisión y deja firme la sentencia dictada por la Cámara en lo Penal de Trelew.