Reclaman más de 26 mil millones de dólares por la pesca en Malvinas y apuntan a empresas vinculadas con Chubut

Una demanda judicial por hasta 26.465 millones de dólares busca que empresas extranjeras y nacionales respondan por la explotación de recursos pesqueros en aguas de las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La presentación fue realizada el pasado 9 de octubre por la Fundación Agustina Lerena ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, y contempla tanto un reclamo económico como medidas de reparación ambiental.

César Lerena, especialista en política pesquera, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL) y de la fundación que impulsa la demanda, explicó los alcances de la iniciativa durante una entrevista con Nadia Casarsa y Raúl Figueroa en Radio del Mar.

El experto cuestionó la falta de acciones de los distintos gobiernos argentinos frente a la actividad pesquera desarrollada durante décadas alrededor del archipiélago.

"Desde esa fecha hasta ahora, que obviamente pescan embarcaciones extranjeras en Malvinas, los gobiernos no han hecho ningún tipo de acción, ninguna", sostuvo al referirse a la sanción de la Ley Federal de Pesca de 1998.

¿De dónde salen los 26 mil millones de dólares?

Lerena explicó que el cálculo del reclamo económico se realizó utilizando estadísticas de capturas publicadas por las propias autoridades pesqueras de las islas.

La fundación tomó como período de referencia los años 1989 a 2025, durante los cuales estima que se extrajeron más de 4,1 millones de toneladas de productos pesqueros mediante operaciones que considera realizadas sin autorización argentina.

"Son los propios isleños británicos que dicen quién pesca, cuánto pescan, qué especies pescan y de qué año pescan", explicó.

Según detalló, el monto reclamado surge de multiplicar las cantidades capturadas por el valor comercial de las especies.

La presentación judicial contempla dos estimaciones: una de aproximadamente 12.351 millones de dólares, calculada según valores FOB, y otra de 26.465 millones, basada en valores mayoristas.

Lerena sostuvo que no alcanza con calcular los derechos de captura que el Estado argentino dejó de percibir.

"Perdió la comercialización de toda esa captura, de esos más de cuatro millones de toneladas que se han pescado", manifestó.

El monto constituye una pretensión económica de la parte demandante y no una indemnización establecida judicialmente.

Tres pesqueras argentinas bajo cuestionamiento

Uno de los puntos más relevantes de la presentación es que no se limita a las embarcaciones extranjeras.

Lerena explicó que también identificaron empresas radicadas en Argentina que, según la investigación de la fundación, tendrían vínculos con firmas que desarrollan actividad pesquera alrededor de Malvinas.

Durante la entrevista mencionó tres compañías: Bricel S.A., Estrella Patagónica S.A. y Conarpesa.

La documentación difundida por el propio especialista identifica vínculos territoriales de Bricel y Estrella Patagónica con Puerto Madryn.

"Estarían violando el artículo 27 bis", afirmó al referirse a la Ley Federal de Pesca N.º 24.922.

Esa disposición establece restricciones para las empresas que cuentan con permisos argentinos y mantienen actividades o vínculos incompatibles con la normativa nacional sobre pesca en aguas de jurisdicción argentina.

La fundación pide que se examine la situación de estas compañías y que, si se acredita una infracción, se apliquen las consecuencias previstas por la legislación.

Por el momento, se trata de señalamientos formulados en una demanda judicial y no de irregularidades comprobadas mediante una sentencia.

Una presentación que alcanza a decenas de empresas y personas

Lerena explicó que el reclamo incluye empresas españolas, sociedades vinculadas con operadores de las islas y otras compañías relacionadas con la actividad pesquera.

También se mencionan entidades financieras, astilleros, aseguradoras y proveedores cuya participación deberá ser analizada judicialmente.

"Estamos demandando entre personas físicas y jurídicas a más de 100 personas y empresas", expresó durante la entrevista.

La documentación pública de la fundación describe un entramado empresarial amplio e identifica alrededor de 80 personas físicas y jurídicas comprendidas inicialmente en la presentación.

La acción fue presentada con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat ante el juzgado a cargo de la jueza federal Mariel Borruto.

Piden una medida cautelar y revisar permisos de pesca

Además de la compensación económica, la fundación solicitó una medida cautelar mientras se tramita el expediente.

Lerena confirmó que también buscan que se revise la continuidad de las autorizaciones otorgadas a empresas nacionales que eventualmente hayan incumplido el artículo 27 bis.

"Estamos pidiendo que se promueva la caducidad" de los permisos de quienes violen esa disposición, indicó.

Al momento de la entrevista, el especialista señaló que aguardaban novedades del juzgado y que la magistrada debía retomar sus funciones después de una licencia.

No informó una resolución judicial definitiva sobre los planteos realizados.

Un nuevo cuestionamiento a la política argentina sobre Malvinas

El especialista también vinculó el reclamo pesquero con el debate sobre las actividades hidrocarburíferas alrededor de las islas.

Consideró que la pesca representa un problema económico de enorme magnitud que, a su entender, no recibió suficiente atención de los gobiernos nacionales.

En ese contexto, cuestionó además la posición de Cancillería frente a un servicio marítimo proyectado desde Punta Arenas hacia Malvinas.

Lerena sostuvo que un transporte destinado a abastecer actividades económicas del archipiélago no debería ser considerado automáticamente un supuesto de paso inocente en los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

"Se trata de dar logística a un espacio territorial ocupado", expresó.

Se trata de la interpretación jurídica del especialista sobre una controversia que involucra normas internacionales de navegación y la disputa de soberanía.

Qué puede ocurrir ahora con la demanda

La Fundación Agustina Lerena espera que la Justicia Federal analice la presentación colectiva, los fundamentos económicos del reclamo y las medidas cautelares solicitadas.

El expediente plantea determinar responsabilidades por la extracción de recursos pesqueros, evaluar posibles daños ambientales y revisar la situación de empresas que operan en Argentina.

Para Chubut, el caso adquiere especial relevancia por la presencia de compañías del sector pesquero en Puerto Madryn y por el impacto que cualquier decisión sobre permisos y actividades podría tener en la industria regional.

Mientras tanto, la presentación abre un debate judicial sobre la explotación de los recursos pesqueros de Malvinas y las herramientas legales con las que cuenta Argentina para reclamar por esas actividades.

Fuentes: Radio del Mar, César Lerena, Fundación Agustina Lerena, CESPEL, documentación de la demanda judicial