Video de presuntas coimas: la fiscal negó haber recibido dinero, aunque el escándalo ya la tiene en la mira
Julieta Gamarra se presentó este jueves en el Ministerio Público Fiscal de Trelew, dejó su teléfono a disposición de la Justicia y pidió que se cite a declarar al abogado Martín Castro. "Niego categóricamente haber recibido cualquier tipo de dinero", afirmó.
Julieta Gamarra se presentó este jueves en el Ministerio Público Fiscal de Trelew, dejó su teléfono a disposición de la Justicia y pidió que se cite a declarar al abogado Martín Castro. "Niego categóricamente haber recibido cualquier tipo de dinero", afirmó. La fiscal Julieta Gamarra rompió el silencio este jueves. Se presentó ante el fiscal jefe de Trelew, Omar Rodríguez, se puso a disposición para ser investigada y salió a dar su versión de los hechos con una hipótesis concreta sobre lo que muestra el video: que el abogado Martín Castro habría usado su nombre para cobrarle de más a la familia del imputado.
"Niego categóricamente haber recibido cualquier tipo de dinero o haber pedido dinero para realizar un juicio abreviado",
fue la frase central de su presentación. Pero Gamarra no se limitó a negar. Identificó a la mujer que aparece en el video entregando los 12 millones de pesos como la madre de Pablo Ezequiel Ferreyra, un imputado en una causa que ella misma investigó, y explicó que ese dinero podría corresponder a honorarios del abogado defensor. Su lectura del episodio es directa: Martín Castro habría pedido más plata de la que le correspondía por sus honorarios y habría invocado su nombre para justificar ese cobro.
En otras palabras, la fiscal sostiene que Castro la involucró para respaldar un monto mayor, sin que ella tuviera conocimiento ni participación. Para respaldar su versión, Gamarra dejó su teléfono personal a disposición del fiscal Rodríguez. En ese dispositivo, según explicó, están las comunicaciones con Castro desde febrero de 2025, cuando el abogado asumió la defensa de Ferreyra. De acuerdo con su relato, Castro le pedía información sobre la causa porque no había podido acceder al expediente. "No tengo ningún problema si quieren revisar todo mi teléfono", sostuvo. Sobre el juicio abreviado que aparece en el centro de la polémica, Gamarra fue precisa: Ferreyra fue condenado a un año de prisión de efectivo cumplimiento, por encima del mínimo de seis meses que contemplaba el delito.
"El abreviado no fue para que Pablo Ferreyra quedara en libertad", aclaró.
La fiscal además pidió expresamente que se tome testimonio no sólo a Castro, sino también a la madre de Ferreyra y al propio imputado. La intención, dijo, es que quede claro que nunca recibió dinero ni le ofrecieron plata para avanzar con un acuerdo de esas características. Un detalle que Gamarra subrayó con énfasis es la demora en la difusión del video. La causa es de enero de 2025, el abreviado se firmó en mayo y el material apareció varios meses después. Sin vincular esa secuencia con un hecho puntual, dejó planteada una sospecha sobre el momento en que se hizo circular la grabación. Gamarra también confirmó que por ahora continuará al frente de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, aunque admitió que el impacto personal y profesional es profundo. La exposición, dijo, la afecta "en todo sentido".
Pero su defensa pública se da sobre un terreno que ya venía complicado. Gamarra es la misma fiscal que quedó bajo fuertes cuestionamientos por su actuación en la causa contra Gonzalo Carpintero, en la que se investigaba un presunto intento de generar un conflicto gremial para impedir el inicio de clases. En ese expediente, la jueza declaró la nulidad absoluta de allanamientos, requisas y secuestros impulsados por la fiscal, mientras distintas voces remarcaron críticas a la legalidad de las medidas y a la tipificación elegida. Dicho de otro modo: más allá de la defensa que hoy ensaya por el video, la fiscal ya llegaba a este escándalo con una actuación, como mínimo, cuestionable en una causa de alto voltaje político. La pelota quedó ahora en la cancha de Martín Castro. "Va a tener que decir la verdad de lo que pasó", cerró Gamarra.
Y esa frase resume el nuevo escenario: ya no se trata sólo de un video viral, sino de una disputa abierta dentro de un caso que golpea de lleno la credibilidad del sistema judicial chubutense





