Crisis en Bolivia: bloqueos asfixian la economía y diez países denuncian un plan de desestabilización

Este sábado, los gobiernos de El Salvador y Guatemala se adhirieron de forma oficial a la declaración conjunta emitida previamente por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú. A través de este documento, un frente de diez naciones latinoamericanas rechazó de manera categórica "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático" del Gobierno constitucional del presidente Rodrigo Paz, elegido en los comicios generales de 2025.

La diplomacia regional manifestó una profunda preocupación por la situación humanitaria en el país andino, afectado por 11 días consecutivos de parálisis general y desabastecimiento crónico de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales. La declaración, coordinada y difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, exhortó a los manifestantes a canalizar sus demandas mediante el diálogo y la preservación de la paz social.

Un país sitiado: Fuerzas Armadas a las rutas y pérdidas millonarias

En el terreno, la tensión alcanzó niveles críticos. El presidente Rodrigo Paz ordenó el despliegue combinado de la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar los accesos estratégicos, una medida calificada por el Ejecutivo como un "operativo humanitario" para romper el cerco que sufre la sede de Gobierno. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que se realizarán todos los esfuerzos necesarios para evitar un "derramamiento de sangre", tras reportarse duros enfrentamientos en localidades del altiplano y en la vecina ciudad de El Alto, donde la resistencia de mineros, obreros y campesinos aimaras obligó a retroceder a las columnas de uniformados en varios puntos.

Según datos provistos por la policía boliviana, existen al menos 67 puntos de bloqueo activos en áreas rurales, de los cuales 50 se concentran de forma asfixiante en el departamento de La Paz.

El impacto económico en números negros

El perjuicio financiero de las medidas de fuerza, impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y diversas federaciones agrarias, está diezmando la estructura productiva del país:

Pérdida general país: Entre U$S 50 y U$S 60 millones por día, según estimaciones de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz.

Golpe al sector turístico: Pérdidas diarias de U$S 8,1 millones. El sector, que en 2025 representó el 4,9% del PBI, enfrenta una ola masiva de cancelaciones internacionales que ponen en riesgo proyecciones anuales por U$S 897 millones.

Daño transversal: El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) calcula que los sectores agropecuario, industrial y exportador ya acumulan un perjuicio superior a los U$S 500 millones.

La crisis civil ya se ha cobrado vidas humanas de forma indirecta: las autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de tres ciudadanos que no pudieron recibir asistencia médica de urgencia debido a la imposibilidad de transitar por las rutas bloqueadas. Para paliar la emergencia, el gobierno dispuso un puente aéreo logístico para trasladar carne y productos básicos desde Santa Cruz, asistencia que cuenta con el soporte operativo de dos aviones Hércules enviados por el gobierno de Argentina.

El origen del conflicto: De la "Ley Trampa" al pedido de renuncia

La actual insurrección de las bases obreras y agrarias se remonta a semanas atrás, cuando una masiva marcha indígena de 650 kilómetros forzó la derogación de la polémica Ley 1720 (conocida como Ley Brancowicz), una normativa agraria acusada de favorecer a los latifundistas y quebrar las pequeñas explotaciones campesinas. Sin embargo, las organizaciones determinaron que la resolución del Senado consistía en una "abrogación con trampa", ya que estipula la redacción de un nuevo texto en 60 días controlado por legisladores pro-latifundio.

A esto se sumó el descontento del sector de transporte por el desabastecimiento y la venta de combustibles adulterados que dañaron motores en todo el país (reduciendo el transporte público a un 30% de operatividad), sumado a las demandas del magisterio y mineros por un aumento salarial del 20% acorde a la canasta familiar.

"Este es un pacto de no traición", declaró Mario Argollo, dirigente nacional de la COB, al firmar el Acta Interinstitucional de Unidad y Lealtad junto a sindicatos de transportistas, fabriles y las influyentes federaciones de mujeres Bartolina Sisa y Tupaj Katari, ratificando el paro general indefinido hasta forzar la dimisión del jefe de Estado.

Contraofensiva política y denuncias de conspiración

A solo seis meses de haber asumido el poder con promesas de corte popular, el presidente Rodrigo Paz ha dado un marcado giro hacia políticas de libre mercado y shock económico, reduciendo impuestos a los grandes capitales y promoviendo la privatización de empresas estatales en sintonía con las posturas del magnate Marcelo Claure y de líderes de la derecha continental.

Para contrarrestar la presión gremial, el Gobierno denunció formalmente un "plan macabro" digitado desde las sombras por el expresidente Evo Morales para subvertir el orden constitucional, alegando presuntos financiamientos del narcotráfico, acusaciones que el exmandatario rechazó de plano.

Mientras el oficialismo insiste en que se mantendrá firme y califica los pedidos de renuncia como una "ofensa al voto popular", agrupaciones campesinas iniciaron una nueva columna denominada la "Marcha por la Vida" desde Caracollo. Se espera que esta movilización recorra 190 kilómetros para confluir el próximo lunes 18 de mayo en la capital, prometiendo profundizar el escenario de máxima polarización que paraliza al corazón de Sudamérica.