Alberto Fernández volvió a pedir la liberación de ex funcionarios K

Si bien consideró que deben estar libres, evitó llamarlos presos políticos, para decir que fueron detenidos de manera arbitraria.
sábado, 30 de noviembre de 2019 · 11:24

El slogan que se volvió famoso en las redes sociales, “Navidad sin presos políticos” llegó a los oídos del presidente electo, Alberto Fernández. Y el hecho es que si bien consideró ayer que tienen que estar libres, también marcó algunas diferencias. Evitó calificarlos de presos políticos, aunque dijo que sí fueron detenidos de manera arbitraria.

“Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso; en la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa, es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores”, precisó el presidente electo.

En medio de la discusión respecto de los funcionarios kirchneristas presos por hechos de corrupción, el gobierno de Macri, días antes de abandonar el poder, le sacó el programa de protección de testigos al Ministerio de Justicia y creó una dependencia con autonomía para ocuparse de la cuestión.

“Transcurridos más de 15 años de vigencia de la Ley N° 25.764 (que implementó ese programa) y, en especial, la experiencia recogida en los últimos años, se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente”, se explica en los considerandos de la iniciativa.

El objetivo, advierten desde el macrismo, es que no puede ser el propio Poder Ejecutivo el que proteja a los testigos cuando estos propios testigos declaran justamente contra funcionarios de ese poder. La polémica creció además luego de que en los últimos días renunciara al programa de protección de testigos Leonardo Fariña, uno de los denunciantes en las causas de corrupción y lavado contra varios funcionarios del gobierno de Cristina.

En tanto, ocho jueces de la Cámara Federal de Casación penal, máximo tribunal en esta materia del país, rechazaron el cambio de jurisdicción del programa destinado a proteger a los denunciantes. El oficio fue firmado por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos, Javier Carbajo, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña; mientras que el juez Juan Carlos Gemignani votó en disidencia.