¿El Estado intentará regular a los influencers?

La senadora del Frente de Todos, Carmen López Valverde, presentó un proyecto de ley para que el Estado regule la actividad de los influencers

Llegó al Senado un proyecto de ley, presentado por la legisladora del Frente de Todos, Carmen López Valverde, con la intención de regular la actividad del influenciador o influencer cuando realiza servicios publicitarios digitales. Esto ocurre luego del escándalo registrado en los últimos meses con la máquina facial Nu Skin por su supuesta red de estafa piramidal. La empresa ya fue imputada por el Estado hace algunas semanas. Sin embargo, muchas famosas continúan en su defensa de la compañía y aprovechan la gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, para mostrar los beneficios de las populares maquinitas faciales y corporales.

Según aclara este proyecto, la ley será “de aplicación a toda persona humana o jurídica que realice actividad de influenciador o influencer en las redes sociales ejecutando servicios de publicidad digital, con domicilio legal o con residencia continúa de al menos 2 años en territorio nacional”.

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¿El Estado intentará regular a los influencers?

La senadora del Frente de Todos, Carmen López Valverde, presentó un proyecto de ley para que el estado regule la actividad de los influencers

Una de las claves de esta ley es la inclusión del hashtag #PublicidadPaga. ¿De qué se trata esto? El influencer deberá incluir esta etiqueta para así comunicar de manera clara y visible que se trata de una publicidad digital. Por otra parte, en los casos en que los influenciadores resulten remunerados con el cobro de un monto en dinero, deberán estar inscriptos en a la AFIP como trabajador autónomo en condición de monotributista o de responsables inscriptos.

Este proyecto de ley alcanza “a todos los influenciadores que realicen servicios de publicidad digital que residan o se domicilien en otro Estado, también serán alcanzados por las disposiciones de esta ley cuando los servicios que ofrezcan se hagan mediante un establecimiento situado en Argentina”.

Según destaca Valverde, “el Estado debe proteger los derechos del consumidor consagrados en nuestra normativa legal y velar por evitar que la publicidad en ningún caso distorsione los valores propios de una sociedad democrática: que no discrimine, que no promueva la violencia, que informe adecuadamente sobre bienes y servicios, que no agreda, que no ataque las buenas costumbres y la moral social, entre otras posibles situaciones negativas en las que la publicidad puede incurrir”.

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