"Declaré para no ir preso": un empresario se desdijo en el juicio por la Causa Cuadernos

La megacausa Cuadernos dio un giro dramático este jueves en los tribunales de Comodoro Py. Daniel Pitón, directivo de la firma José Eleuterio Pitón S.A., se presentó ante el Tribunal Oral Federal 7 y, en una declaración cargada de detalles inéditos, aseguró que el testimonio que prestó ante el fallecido juez Claudio Bonadio fue una fabricación motivada por el pánico a perder la libertad.

"Lo que dije fue solamente para no quedarme ahí, con la posibilidad de irme preso si no declaraba", confesó Pitón, quien recordó que el día de su indagatoria en 2019 reinaba un clima de "terror". Según su relato, mientras esperaba en los pasillos, se enteró de que otros empresarios estaban siendo detenidos en ese mismo momento, lo que terminó de quebrar su resistencia.

El "teatro" del allanamiento y la presión judicial

Pitón comenzó describiendo el inicio de su calvario en Gualeguay, su ciudad natal. Recordó un allanamiento que calificó como una "agresión totalmente desproporcionada". "Vinieron como para tirar las puertas abajo, siete u ocho policías entraron a la oficina... se ponían con carteles de la Policía Federal en la entrada para sacar fotos. Fue durísimo y nos marcó la vida", relató ante los jueces.

Ese impacto inicial se profundizó cuando llegó a Buenos Aires para declarar. El empresario explicó que sus abogados le advirtieron que el juzgado de instrucción exigía "ciertas condiciones" para no quedar detenido:

El escrito no bastaba: "Presentamos un escrito sin mentir, pero el empleado volvió y dijo que el juez no estaba de acuerdo, que teníamos que hablar de pagos", reveló Pitón.

La decisión del shock: "Yo estaba prácticamente en shock. Le dije a mi hermano que yo iba a hablar de pagos porque nos queríamos ir de ahí. Lo que no queríamos era quedar presos, obvio".

Declaración ficticia: El empresario afirmó tajante que el acta de aquel entonces "no refleja la verdad" y que fue "direccionada" para cumplir con las expectativas del juzgado.

El encuentro con Clarens: "Se sorprendió por lo insignificante de mis obras"

Pitón también se refirió al financista Ernesto Clarens, señalado como el recolector de sobornos. Explicó que llegó a su oficina simplemente buscando agilizar pagos atrasados de certificados de obra que tenían a su pequeña empresa al borde del colapso financiero.

"Se sorprendió de que yo estuviera ahí por ese volumen de obra que era insignificante", detalló Pitón. Según su testimonio, Clarens le ofreció una serie de servicios financieros y alquiler de equipos de una empresa del sur que "necesitaba una mano", pero él rechazó todo. "A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie", remarcó con énfasis, desmintiendo la lista de supuestos pagadores entregada por el financista.

Una defensa basada en la "insignificancia"

Para cerrar su exposición, Pitón subrayó que su empresa no tenía la escala para participar de una asociación ilícita de esta magnitud. Destacó que realizaban obras menores en Entre Ríos de entre 2 y 8 millones de pesos, calificándolas de "irrelevantes" frente al resto de la causa.

"Es la primera oportunidad que tengo de expresarme con total libertad. Les puedo asegurar que no cometimos ningún delito, pero sí nos sentimos muy presionados para declarar en ese sentido", concluyó el empresario.

Un juicio marcado por el silencio

La audiencia fue inusualmente corta debido a que el resto de los convocados -incluidos los empresarios Roberto Juan Orazi (Hidraco S.A.) y Julio José Paolini (Paolini Hnos.)- se negaron a prestar declaración. Paolini se limitó a proclamar su inocencia antes de volver al silencio.

Esta situación reavivó los reclamos de las defensas, entre ellas la del exministro Julio De Vido, que sostienen que se está vulnerando el derecho constitucional de defensa al no poder confrontar los dichos de los "delatores premiados".

Espías y secretos de Estado

Cerca del cierre, el caso sumó una cuota de suspenso adicional: la defensa de José María Olazagasti (exsecretario de De Vido) solicitó que se lo releve del secreto de Estado. Se confirmó que, al momento de los hechos investigados, Olazagasti era agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y su defensa alega que necesita hablar sobre sus funciones para poder defenderse adecuadamente.

El tribunal: TOF 7 (Jueces Canero, Castelli y Méndez Signori).

La acusación principal: Cristina Fernández de Kirchner está imputada como jefa de una asociación ilícita por un sistema de recaudación vinculado a la obra pública (2003-2015).

Próxima cita: El debate se reanudará el martes 21 de abril a las 9:00 hs.