Despidieron nueve empleados en La Suipachense y los vecinos iniciaron un reclamo en las calles

La crisis de la histórica planta láctea La Suipachense, en la provincia de Buenos Aires, escaló a un nuevo nivel de conflicto. Tras el despido de nueve empleados administrativos la semana pasada, los 140 trabajadores de la compañía realizaron una masiva movilización por las calles de la localidad, con el apoyo de sus familias, vecinos y funcionarios locales. La planta se encuentra bloqueada por los empleados, quienes exigen respuestas a la dirección de la empresa, el grupo venezolano Maralac.

El conflicto se agudizó con el envío de telegramas de despido, cuyo contenido, según una fuente cercana a la planta, fue particularmente duro. "El detalle del telegrama fue en términos muy duros, como acusando a los trabajadores casi de ladrones, buscando una justa causa de despido", relató la misma fuente. Esta acción llevó al gremio lácteo Atilra a profundizar las medidas, interrumpiendo por completo el ingreso y egreso de materia prima. La producción se encuentra detenida, con el portón de la fábrica cerrado y sin camiones de leche que ingresen.

Esta situación busca forzar una reacción de los propietarios, quienes, según los empleados, no han dado señales de vida desde hace semanas. El conflicto había tenido un punto de quiebre a fines de julio, cuando los trabajadores ocuparon la administración de la planta para poder pagar salarios y garantizar insumos básicos, una acción que los dueños denunciaron como una "toma forzada".

"La verdad es que esto termina acelerando la situación que se venía planteando. Los dueños aparentemente habían nombrado a un nuevo gerente, pero todavía no ha llegado a la planta", describió una fuente consultada por La Nación, destacando que "No hay nadie que se haga cargo de la situación, sobre todo porque ya es fin de mes y se deben sueldos de julio y agosto". La incertidumbre sobre la representación del grupo empresario agrava aún más la crisis.

Ante la falta de interlocutores, el gremio insiste en la necesidad de una intervención inmediata del área de Trabajo del Gobierno, solicitando una conciliación obligatoria que permita abrir un canal de negociación y descomprimir la tensión en la planta. La incertidumbre y el miedo se han instalado entre los trabajadores, quienes, de acuerdo con la fuente, "están muy atemorizados por si el grupo toma represalias".