El Gobierno avanza con un decreto para intervenir en las investigaciones del Conicet

El Gobierno tiene lista una medida para intervenir en la agenda de investigaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Según trascendió, el decreto permitiría al Ejecutivo tener injerencia directa en la definición de los proyectos que impulsa el directorio del organismo, el principal motor de la ciencia y la tecnología en Argentina.

La intención oficial es "priorizar lo técnico por sobre investigaciones sin relevancia productiva", sostienen en el Gobierno, aunque aún no hay precisiones sobre cuándo se publicará la normativa en el Boletín Oficial.

El decreto pasó ya por los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, y por la Secretaría Legal y Técnica de María Ibarzabal. Mientras algunas fuentes aseguran que Javier Milei ya dio luz verde a la iniciativa, otras no descartan que su anuncio pueda postergarse.

En paralelo, Nación avanza con la reestructuración de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), que financia buena parte de los proyectos científicos del país. En lugar de once miembros, el nuevo directorio tendrá solo tres integrantes, que serían designados en breve.

La agencia gestiona recursos millonarios a través de fondos clave como el FONCyT, el FONTAR y el FONARSEC, y cuenta con una planta de 165 trabajadores y un presupuesto de 25.000 millones de pesos.

Actualmente, el Conicet agrupa a casi 27 mil trabajadores, incluidos más de 11.000 investigadores, 10.000 becarios, 2.800 técnicos y 1.400 administrativos. El organismo dispone de un presupuesto de 580.000 millones de pesos y administra 17 Centros Científico-Tecnológicos, 7 Centros de Investigación y Transferencia, un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 institutos en todo el país.

La conducción del Conicet está a cargo de un directorio con ocho miembros y un presidente (hoy, Daniel Salamone), todos designados por el Poder Ejecutivo a partir de propuestas de la comunidad científica, las universidades y sectores productivos. Los mandatos se renuevan parcialmente cada dos años.

Aunque la Casa Rosada decidió aplazar una reforma estructural con recortes internos, planea impulsar un cambio en el régimen de ingresos al Conicet para restringir la incorporación de investigadores en ciencias sociales y humanidades. El objetivo es priorizar perfiles técnicos vinculados a sectores clave como energía, minería y salud.