El Gobierno avanza con un decreto para redefinir las funciones de Gendarmería, Prefectura y la PSA

El Gobierno nacional prepara un nuevo decreto que impulsará cambios estructurales en las funciones de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La medida, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, busca delimitar zonas de actuación y tareas específicas para cada fuerza federal y evitar superposiciones en operativos comunes, como los despliegues en movilizaciones frente al Congreso.

La reforma, encabezada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, se suma a la transformación que ya se aplicó en la Policía Federal Argentina (PFA), que ahora funciona como un cuerpo de investigación similar al FBI, bajo el flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

El nuevo esquema plantea modificar las leyes orgánicas de las tres fuerzas para clarificar sus misiones. En este sentido, la PSA pasará a ser una "policía de transporte", encargada de la seguridad de la infraestructura vinculada a trenes, colectivos y aviones, manteniendo a la vez su capacidad investigativa y ampliando su dotación de personal para evitar que la PFA tenga que cubrir aeropuertos.

En el caso de la Prefectura, seguirá a cargo de la seguridad en mares, ríos, canales, costas y puertos bajo jurisdicción nacional. Por su parte, la Gendarmería Nacional reforzará su rol en el control de fronteras, lucha contra el contrabando, migraciones clandestinas, infracciones sanitarias y la represión de alteraciones graves del orden público.

El Ejecutivo toma como modelo de referencia la organización de fuerzas de seguridad de Estados Unidos, con cuerpos diferenciados como la Guardia Nacional, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera (USCG).

Desde la Casa Rosada subrayan que el objetivo es que cada fuerza esté concentrada en una función específica y no haya cruces de competencias. La iniciativa se impulsa bajo el paraguas de las facultades delegadas, que vencen el próximo 8 de julio y permiten al Gobierno reestructurar organismos del Estado sin pasar por el Congreso. Balcarce 50 ya adelantó que no buscará extenderlas mediante un nuevo DNU.