El Gobierno denunció "espionaje ilegal" tras la filtración de audios
Un juez ordenó cesar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei grabados en la Casa Rosada. El Gobierno también presentó una denuncia penal por espionaje y pidió allanar el canal de streaming y domicilios de periodistas involucrados en su difusión.
El Poder Ejecutivo denunció hoy ante la Justicia un presunto espionaje ilegal tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei. Como medida cautelar, un juez federal ordenó el cese inmediato de la difusión de las grabaciones realizadas en la Casa de Gobierno.
La denuncia penal fue presentada por la Secretaría de Seguridad y recayó en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini. Además, se solicitó el allanamiento del canal Carnaval -donde se difundieron los audios-, y los domicilios de periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del accionista Pablo Toviggino y del abogado Franco Bindi.
El juez Alejandro Maraniello dispuso que cesen todas las reproducciones de los audios en cualquier medio, comunicación escrita, audiovisual o redes sociales. La resolución también incluye una comunicación a ENACOM para garantizar su cumplimiento.
El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar...
La denuncia, firmada por la propia Karina Milei el viernes previo, sostiene que si los audios son auténticos, fueron obtenidos de forma ilegal e ilegítima, gravemente perjudiciales para su honor y el funcionamiento institucional. "Se requiere prohibir su circulación sin reconocer su veracidad", destaca el texto.
El juez avaló la cautelar señalando que no restringe el debate democrático y que solo busca proteger derechos de igual peso como el honor y la seguridad institucional, en un caso excepcional y temporal.
En la denuncia, el Gobierno calificó la difusión como una operación coordinada con fines de desestabilización política e intervención en el proceso electoral. Se identifican posibles responsables entre quienes difundieron los audios, incluyendo a Federico, Toviggino, Rial y Bindi, a quienes se vincula con operaciones de inteligencia clandestina prohibidas por ley.
La filtración ocurre en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, que señalaban corrupción en la Agencia de Discapacidad e involucraban a la hermana del Presidente. La Casa Rosada lo atribuyó a una campaña de desinformación planificada por "intereses extranjeros".
