El Gobierno designó veedores en la AFA para auditar balances y contratos

El Gobierno nacional dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días hábiles, con el objetivo de auditar la documentación contable y administrativa de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución habilita una auditoría sobre el funcionamiento institucional, contable y financiero de la AFA, en medio de un conflicto que combina aspectos jurídicos, económicos y políticos vinculados al control del fútbol argentino.

Quiénes son los veedores designados

Los profesionales designados para llevar adelante la veeduría son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán facultades para revisar libros contables, documentos administrativos y registros financieros.

Durante el período de auditoría deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, revisar contratos comerciales con empresas privadas y examinar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).

El trabajo culminará con un informe final que será elevado a la autoridad de control, aunque también podrán emitir reportes parciales si detectan irregularidades durante el proceso.

El origen del conflicto

El expediente que derivó en la veeduría comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ detectó lo que calificó como "graves irregularidades" en la administración de la AFA.

Según el organismo de control, la entidad no presentó en tiempo y forma documentación contable clave, además de registrar demoras en la entrega de balances y falta de información detallada sobre algunos movimientos financieros.

La preocupación se centra especialmente en los estados contables de los últimos ejercicios, en un contexto donde la AFA experimentó un fuerte crecimiento de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos.

Qué implica la veeduría

La medida dispuesta por el Gobierno no implica una intervención plena ni el desplazamiento de las autoridades de la AFA, sino un mecanismo de control institucional.

La veeduría consiste en la designación de funcionarios externos que analizan documentación, auditan procesos administrativos y elaboran informes sobre la situación de una entidad.

Entre los aspectos que serán investigados también figuran acuerdos comerciales con empresas privadas e intermediarios vinculados a la comercialización de derechos del fútbol argentino, uno de los principales ingresos del sistema.

Disputa por la jurisdicción

Otro de los puntos centrales del conflicto es la discusión sobre qué organismo tiene competencia para fiscalizar a la AFA.

La conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría que el control debería quedar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Sin embargo, la IGJ rechaza ese argumento y sostiene que la sede real de la asociación continúa en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la fiscalización corresponde al organismo nacional.

Un conflicto con impacto político y económico

El control sobre la AFA también tiene un fuerte trasfondo económico. En los últimos años, el fútbol argentino incrementó de manera significativa sus ingresos a partir de acuerdos comerciales, derechos audiovisuales y patrocinadores internacionales.

La auditoría busca determinar si ese crecimiento fue acompañado por mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas.

Los resultados del informe final podrían derivar en sanciones administrativas, nuevas exigencias documentales o incluso medidas más profundas, mientras que la AFA también podría recurrir a la Justicia para cuestionar la decisión del Gobierno.