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¿El Proyecto de Javier Milei busca convertir en Ley la "Doctrina Chocobar"?

La iniciativa se centra en ajustar las disposiciones vinculadas con crímenes no punibles, específicamente aquellos cometidos en cumplimiento del deber o en el legítimo ejercicio de derechos, autoridad o cargo.

abcdiario

El nuevo Proyecto de Javier Milei buscaría convertir en Ley la "Doctrina Chocobar". En el marco del extenso proyecto de reforma denominado "ley ómnibus", presentado por el Gobierno y que consta de 664 artículos en 351 páginas, se destaca una propuesta de modificación al Código Penal que apunta a consolidar lo que se conoce como la "Doctrina Chocobar". Esta iniciativa se centra en ajustar las disposiciones relacionadas con crímenes no punibles, específicamente aquellos cometidos en cumplimiento del deber o en el legítimo ejercicio de derechos, autoridad o cargo.

Principales puntos de la propuesta:

  1. Modificación al artículo 34 del Código Penal: Se propone agregar que "la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo". Esto apunta a consolidar la "Doctrina Chocobar", que respalda a agentes de seguridad en el uso de la fuerza en cumplimiento de su deber.

  2. Defensa del hogar: Se extiende la no punibilidad en casos de resistencia a la entrada de un extraño en el hogar, considerando señales que indiquen una agresión inminente. Se incluyen situaciones donde existe una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de agresores que podría razonablemente generar temor a quien se defiende.

  3. Restricción a querellas: Se establece que quien comete un delito, incluso en grado de tentativa, no podrá querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida. Esta disposición favorece a quien se defiende o actúa en ejercicio de su deber, autoridad o cargo.

  4. Aumento de penas para atentados y resistencia a la autoridad: Se propone elevar la pena máxima de seis años para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, que actualmente tiene un tope de 24 meses. Además, se incluyen agravantes como la comisión del delito a mano armada, por una reunión de más de tres personas, si el autor es funcionario público y pone manos en la autoridad.

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