Entre la modernización y el riesgo: El Gobierno abre la puerta a la importación de equipos médicos usados

En una decisión que profundiza la política de apertura económica del Gobierno, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó un nuevo esquema para la importación de productos médicos usados y reacondicionados. La medida, publicada este lunes, deroga la Disposición 806/07 y busca, según el texto oficial, "promover la libertad de mercado" y reducir los costos operativos del sistema sanitario.

El eje central de la reforma es la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un filtro burocrático que durante años limitó el ingreso de aparatología. Ahora, bajo un esquema de "declaración jurada" para los equipos de menor riesgo (Clase I y II), el Gobierno apuesta a que la competencia y el menor valor de los bienes de capital usados permitan a las clínicas de menor envergadura actualizar sus salas de diagnóstico.

El desafío del control técnico

Sin embargo, la flexibilización no está exenta de matices críticos. Al permitir que el propio importador manifieste, bajo carácter de declaración jurada, que un equipo "no requiere reacondicionamiento", la responsabilidad del buen funcionamiento se traslada de la supervisión estatal previa a la órbita privada.

Aunque la norma exige certificados de origen de países con estándares sanitarios reconocidos para equipos complejos (Clase III y IV), el sistema ahora descansará en gran medida en un "Aviso de Importación" posterior a la nacionalización del producto. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad de fiscalización posterior en un mercado que podría verse inundado por tecnología obsoleta o mal mantenida si los controles en los establecimientos locales no son exhaustivos.

Impacto en la atención

Desde el sector oficial defienden que esta medida evitará derivaciones innecesarias de pacientes desde el interior hacia las grandes capitales, al abaratar la compra de tecnología. No obstante, especialistas del sector advierten que la seguridad del paciente debe seguir siendo la prioridad, especialmente en equipos donde la calibración y la vida útil de los componentes son críticas para un diagnóstico preciso.

La normativa entrará en vigencia en 45 días hábiles, tiempo en el cual los importadores y centros asistenciales deberán adecuarse a un modelo que promete mayor agilidad, pero que exigirá una vigilancia sanitaria más atenta que nunca.